En dos años, México carga en su espalda 70,000 muertos por la violencia proveniente del crimen, así como a más de 100,000 fallecidos por causa del covid.

Los logros positivos en cualquier campo pocas veces son producto de una casualidad. La conquista de metas deviene de una cadena hilvanada en pruebas, avances, errores y rectificaciones que en el camino permiten el ajuste de acciones conforme a nuevas circunstancias y entornos. En un país no es distinto. Apenas ayer 1 de diciembre, cumplimos dos años de un gobierno que llegara a dirigir con bonos nunca antes vistos en cuanto a legitimidad y apoyo popular respecta. Aquel movimiento que anclado en la figura del líder que irrumpió en el escenario para darle un viraje a la conducción de gobierno. Casi todos lo compraron electoralmente. La clase media y alta que, estancados en la estrecha oportunidad de avance, solo veían cómo se seguía fomentando el privilegio de muy pocos ante complicidades manifiestas de empresario y burócrata. Los pobres y los muy pobres, condenados ancestralmente a lo paupérrimo y escondidos bajo la alfombra de la vergüenza. Los jóvenes y las mujeres, ambos hartos de no verse reflejados en las políticas públicas y quienes solo habían sido bonitos adornos en las líneas de los discursos anquilosados de políticos que ya nada representaban.

Hoy podemos decir que las deudas siguen siendo hondas y el hartazgo social lejos de mitigarse, resulta preocupantemente creciente.

Mucho más allá del triunfalismo de humo reflejado en las cifras conocidas, están los palpables pendientes que tienen a México en un borde abismal. Un sistema de salud colapsado; atrapado por la pandemia en una etapa transicional que abolía el pasado de un seguro popular pero que no proyectó con destreza administrativa la provisión de satisfactores necesarios incluso antes de la crisis por covid. Un sistema de seguridad pública, por igual aún en etapa de transición que también culpa al pasado, pero que, en su apuesta por sostenerse en una Guardia Nacional militarizada, no ha asumido con método el reto que tiene el cuidado de la integridad del ciudadano desde los más alejados rincones y confines de la patria. Se ha despreciado el fortalecimiento de lo local con lo que cientos de municipios se encuentran a merced del crimen. La economía no encuentra un respiro ante presupuestos que sangran las arcas hacia lo improductivo; ya sea por programas sociales cuya medición de efectividad es inexistente, o por proyectos de relumbrón con poca certeza en las posibilidades de ser siquiera concluidos.

En dos años, México carga en su doliente espalda a 70,000 muertos producto de la violencia proveniente del crimen, así como a más de 100,000 fallecidos por causa del covid. El país les dio la bienvenida a 11 millones de nuevos pobres para quedar en 51% de la población en esa condición. El éxito prometido solo se construirá con un reajuste valiente a lo que evidentemente no está funcionando. ¿O qué?... ¿Acaso tenemos miedo de triunfar?

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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