Ayer se dio a conocer que AT&T adquirió Nextel México, operación que, sumada a la compra de Iusacell, convierte a este operador en una amenaza seria para América Móvil. Han surgido algunos analistas cuyo propósito central -desde que se discutió la reforma constitucional y, de manera subsecuente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión- ha sido cuestionar la viabilidad de esta reforma y los instrumentos para favorecer la competencia contenidos en ella. Se duelen de que hubo de ser necesario incorporar en la Constitución y en la ley diversas disposiciones que buscan controlar el poder desmedido que en México ha tenido América Móvil, al tiempo que nos quieren hacer creer que este mercado funciona como cualquier otro, y que si un operador tiene poca participación de mercado es porque -en su visión- ese operador ha invertido poco.

Como señalé anteriormente, con las adquisiciones que ha hecho en México, AT&T reúne los elementos para convertirse en una amenaza importante para América Móvil, y desde luego para Telefónica. Todo depende de los incentivos que tenga frente a sí. Porque una alternativa a ese escenario es que se pudiera llegar a coludir con su antiguo socio, América Móvil.

¿De qué depende que existan los incentivos adecuados para que observemos una verdadera competencia entre los tres operadores con infraestructura propia que permanecen en el mercado mexicano? Pues simple y sencillamente de un conjunto de decisiones del órgano regulador, el IFT, que sean consistentes, que tengan credibilidad y, sobre todo, que estén apegadas al espíritu y letra de la Constitución, al nuevo marco legal y a las mejores prácticas internacionales en materia de promoción de la competencia efectiva en el sector telecomunicaciones.

Con decisiones como la que tomó a finales de diciembre en materia de interconexión, y el contexto de premura bajo el que aprobó la metodología de costos de interconexión, estimó los costos correspondientes y aprobó las tarifas de interconexión que según el IFT interpretó debía calcular y anunciar. Cualquier analista serio se dará cuenta de que las decisiones del IFT no son consistentes, no tienen credibilidad y no se apegan a las mejores prácticas internacionales, sobre todo, porque con esta decisión en materia de tarifas de interconexión, quien terminó siendo favorecido fue América Móvil.

No se puede alegar tener consistencia y credibilidad, cuando una decisión está construida a partir de un proceso de consulta pública realizado a las carreras sobre un tema tan complejo. Tampoco, cuando la metodología aprobada por el IFT llevaba un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y fue utilizada para construir el modelo de costos que se supone que se deriva de esa metodología, alimentarlo con los datos necesarios, hacer las corridas correspondientes y aprobar en el pleno de ese órgano regulador las tarifas que se publicarían posteriormente en el DOF.

A ello, hay que sumar el penoso acto que tuvo lugar hace un par de semanas en la sede del IFT, donde funcionarios de esta autoridad pretendieron llevar a cabo un acto de consulta pública informal con los representantes del sector telecomunicaciones sobre el proyecto de la red mayorista en la banda de 700 MHz. Lo califico de penoso por la forma engañosa con la fueron convocados quienes asistieron y por las preguntas que se les plantearon una vez presentes en dicha reunión, preguntas que dejan entrever que el proyecto de red mayorista está muy lejos de ser una realidad.

Una pregunta para cerrar: ¿se habrán dado cuenta ya en el IFT de que las decisiones en materia de interconexión están condenando a la red mayorista a la inviabilidad y por tanto al fracaso?

*El autor es senador de la República.