La ausencia de política industrial ya no puede perdonarse; menos ahora que nuevamente se abren grandes oportunidades para México. Sus claves son cada vez más evidentes. Sobresale la erosión paulatina en la competitividad manufacturera de China por el aumento en los salarios reales y el fortalecimiento ineluctable de su tipo de cambio. En este escenario, nuestra frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, todavía la mayor economía del mundo, adquiere un significado enorme dentro del prolífico contexto que ha demostrado ser el TLCAN, cuyo potencial aún no se dimensiona o aprovecha lo suficiente. Por otra parte, los costos logísticos y de transporte de las empresas crecerán de manera constante en el futuro, al igual que los riesgos y dificultades de mantener cadenas de suministro globalmente extensas y diversas. La cercanía a clientes será también crucial, como condición para satisfacer demandas en los tiempos más breves posibles y mantener costos bajos de inventario.

La compactación espacial de las cadenas de valor, esto es el acercamiento físico o territorial de los proveedores (o eslabones en la cadena valor), arroja cada vez más ventajas o economías de aglomeración, bajos costos de transacción y mucha mayor certidumbre.

De ahí el surgimiento casi espontáneo de clústeres industriales en numerosos sectores a lo largo y ancho de la geografía global, incluso en México, con los casos notorios de la industria automotriz en Guanajuato y Puebla, y de la industria aeroespacial en Querétaro.

Las empresas líderes o ubicadas al final de la cadena productiva van prefiriendo más y más el desarrollo de una proveeduría local. Si bien esto puede ocurrir en forma espontánea, con frecuencia requiere de acciones colectivas que no siempre pueden ser asumidas por una empresa en particular. Entonces es necesaria la acción del Estado para su identificación, ensamble y operación óptima, como lo demuestran tantos casos exitosos de política industrial en Corea, Japón, China, Taiwán y Brasil, entre otros. En suma, ensamble de cadenas de valor en clústeres regionales es un binomio básico para una visión de política industrial.

Ahora se sabe que la competitividad de las empresas depende no sólo de sus propias decisiones y mercados, sino de toda su cadena de valor. En la medida en que los eslabones sean competitivos, lo será aún más el eslabón final. De ahí el interés real que deben asumir las empresas en gestionar su propia cadena de valor, la cual, hay que aceptarlo, incluye no sólo al desarrollo de proveedores locales, sino también al financiamiento, a la existencia de recursos humanos de calidad, a la infraestructura básica, al suministro eficiente de agua y energía, y a condiciones ambientales y de calidad de vida en una región geográfica relevante. Cosas que antes se consideraban externas a las empresas o bienes públicos de exclusiva responsabilidad de los gobiernos, ahora entran a su propia lógica competitiva y campo de actuación. Una verdadera política industrial trataría de integrar y gestionar todo esto a través de una acción colectiva compartida entre empresas y gobiernos.

Pero no basta. La política industrial en México requiere también promover el desarrollo tecnológico y el fomento a empresas de manufactura en nuevos sectores y actividades, imprescindibles para una economía verde, competitiva y sustentable. Sobresalen las oportunidades que existen en la fabricación de componentes y en la integración tecnológica para la generación de electricidad de fuentes renovables, especialmente en materia solar fotovoltaica y térmica, y eólica, así como geotérmica y minihidráulica, y de baterías de alto desempeño para vehículos eléctricos, cuyo momento de despegue comercial se acerca cada día.

El tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos deben ser incorporados como nuevas ramas objeto de política industrial, que dependerán desde luego de una regulación ambiental eficaz por parte del gobierno.

El reciclaje de envases y empaques, como fuente de nuevos materiales secundarios, debe ser igualmente una prioridad de política industrial verde, lo cual, por otro lado, aliviaría problemas ambientales y cargas financieras de disposición final de basura que agobian a los gobiernos municipales. Las empresas que manufacturan bienes de consumo, en especial alimentos y bebidas, deben hacerse corresponsables y financiar sistemas de acopio, selección y reciclaje, como ocurre en países europeos. La construcción enfrenta el enorme desafío de orientarse hacia edificaciones urbanas verdes, lo cual implica incentivos y normas específicas de eficiencia energética y en el uso de materiales y recursos.

Como se ve, deben romperse para siempre los diques que han separado a la política ambiental del resto de las políticas sectoriales, muy en especial de la industria.

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