La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podría ser un arma mucho más poderosa para abatir la corrupción.

Aunque la Comisión Antimonopolios no es autoridad competente en la lucha anticorrupción, puede ayudar a combatirla por la vía más eficaz: la prevención —mediante la supervisión de todas las licitaciones y procesos de compra-venta relevantes (de 1,000 millones de pesos en adelante)—, más un poder potencial: la inhabilitación de empresas tramposas.

Para ello tendría que legislarse, para que pueda inhabilitar a las empresas que reinciden en colusión.

Y el Presidente de la República tendría que decretar la obligatoriedad para que los procesos de licitación relevantes los revise la Comisión Antimonopolios.

Y esto es justamente lo que propone la Cofece al virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: dotar a Cofece más capacidad de supervisión de los procesos licitatorios y facultades para prohibir a las empresas que se coluden, su participación en otras licitaciones.

Lo propone a través de una Agenda de Competencia para promover contrataciones públicas íntegras en la que reúne su experiencia en el tema y propone soluciones.

Colusión, igual a robo

La Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado reiteradamente que las compras de gobierno son un foco de corrupción y colusión en el que se involucran servidores públicos y empresarios.

De hecho, para la Cofece la colusión entre empresas y empresarios en las compras a gobierno y obra pública equivale a robo al erario público.

Aproximadamente uno de cada tres casos de investigación por colusión está relacionado con la contratación pública.

El gobierno es el mayor comprador y contratista de bienes y servicios y los procesos que sigue  mayoritariamente se realizan sin licitación pública.

Discrecionalidad

Casi 80% se realiza mediante adjudicación directa y lo peor es que ni siquiera las licitaciones públicas garantizan las mejores condiciones de contratación para el Estado porque los procesos propician la colusión entre proveedores y contienen elementos discrecionales que dan pie a la corrupción.

Las cifras que hizo públicas la Cofece son impresionantes.

En el 2017, se adjudicaron más de 228,000 contratos públicos, con un valor superior a los 585,000 millones de pesos.

De ese monto, 78% de los contratos se otorgó por medio de una adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y sólo 12% por medio de una licitación pública.

Más dientes

La Comisión Federal de Competencia Económica, presidida por Alejandra Palacios, es y puede ser todavía más, un instrumento eficaz para eficiente y maximizar el gasto público, mediante la eliminación de todos los subterfugios que existen para propiciar la corrupción.

Además de que requiere de la cooperación de las instituciones en las que se registran, se descubren y sancionan prácticas monopólicas absolutas y de aquellas instituciones a las que se les notifican los casos.

Por ejemplo la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Arely Gómez, que ha sido notificada por Cofece de tres casos de colusión pero no inició investigación alguna por la conducta indebida respecto de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Y en el caso del IMSS, que hoy dirige Tuffic Miguel Ortega, tampoco actuó en consecuencia en el caso de los guantes de poliestireno a pesar de que Cofece dio vista al Órgano Interno de Control.

Ciclo vicioso

La Comisión Antimonopolios tiene muy claro el ciclo vicioso de la corrupción.

Cuando un servidor público favorece a ciertos participantes, o les otorga ventajas indebidas por medio del uso de información privilegiada a cambio de sobornos, genera ganancias extranormales para el agente económico al que se le adjudica el contrato a precios artificialmente altos.

Esto, a su vez facilita el pago de más sobornos a cambio de seguir siendo favorecido en los procesos de adjudicación.

Y genera un ciclo vicioso entre corrupción y falta de competencia, en el que el funcionario público puede dirigir las contrataciones para dar el triunfo a ciertos agentes y/o facilitar acuerdos colusorios violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Así, la corrupción puede a su vez limitar la concurrencia y/o exacerbar la falta de competencia.

Mas aún, cuando hay actos de corrupción en un concurso, el ganador se determina por razones ajenas a la eficiencia de la empresa.

Así, aquella empresa que creció por medio de vender de manera deshonesta al gobierno obtiene el poder de incrementar sus precios a todos sus clientes, púbicos y privados, al ya no enfrentar competencia.

Es decir, la corrupción puede generar una situación permanente de falta de competencia en un mercado más allá de la sola contratación pública.

Competencia, clave

Si realmente se desea abatir la corrupción, la Cofece es un organismo idóneo para abatirla, con sus actuales facultades y con algunas adicionales. El fin de la corrupción no se logrará sólo mediante la concentración de las compras de gobierno. Se requiere de entre otros cuerpos especializados que vigilen, supervisen y sancionen, a la Comisión Antimonopolios que busca procurar la competencia. Al tiempo.

ATISBOS

FUSIÓN. El director general de Banorte, Marcos Ramírez, asegura que ya con el Banco Interacciones fusionado hay mucho campo de acción en materia de infraestructura en México y el reto es apoyar su financiamiento. La fusión se realizó en tiempo récord: ¡En un fin de semana!

Marco A. Mares

Periodista

Ricos y Poderosos

Ha trabajado ininterrumpidamente en periódicos, revistas, radio, televisión e internet, en los últimos 31 años se ha especializado en negocios, finanzas y economía. Es uno de los tres conductores del programa Alebrijes, Águila o Sol, programa especializado en temas económicos que se transmite por Foro TV.