Otro golpe del Banxico a los pronósticos de AMLO. En su Informe de mayo, para el 2020 mantuvo su expectativa de crecimiento entre 1.7 y 2.7 por ciento.

De acuerdo con el Informe Trimestral Enero-Marzo 2019 del organismo central, estas proyecciones se dan en un contexto donde en el primer trimestre del 2019 se acentuó la debilidad que la economía mexicana había exhibido a finales del 2018, reflejando tanto factores externos como internos, algunos de ellos de carácter transitorio. Específicamente, el retroceso de la actividad económica fue reflejo de la contracción, tanto de las actividades secundarias como de las terciarias, mientras que a finales del 2018 y en el periodo que se reporta el consumo privado mostró un débil desempeño, y tanto las remesas como la confianza del consumidor se mantienen en niveles elevados. Entre los principales riesgos para el crecimiento de la economía mexicana se encuentran: que el proceso de ratificación e implementación del T-MEC se retrase y genere mayor incertidumbre, afectando a la inversión; mayor incertidumbre interna que afecte a la inversión y el consumo; que se observe un deterioro en la calificación de la deuda de Pemex o en la del país, y que se presenten nuevas afectaciones a la producción o distribución de bienes y servicio. Asimismo, adelanta incertidumbre respecto a la posibilidad de mayores disputas comerciales.

Las previsiones para la inflación general anual se ajustaron ligeramente al alza, por mayores previsiones para los precios de los energéticos y por los aumentos recientes en la inflación subyacente, en particular, alzas mayores a las previstas de los precios de algunos servicios. Así, las revisiones anteriores del Banxico afectan los pronósticos de menor plazo y se considera que su efecto sea transitorio.

¿Qué suele suceder en competencia económica cuando la economía se encuentra cercana a la recesión? Pues que las empresas tienen exceso de inventarios que deben ajustar entre la oferta realizada y la demanda esperada. Normalmente, salvo en sectores de productos y servicios inelásticos o indispensables para la economía, los consumidores lógicamente disminuyen sus compras, lo que afecta el crecimiento, la inversión y el empleo. Los productos “de lujo” no se adquieren, o se descrema el mercado con tal de mantener las ventas. Esto hace menos probables los carteles o las prácticas monopólicas absolutas, salvo posibles acuerdos en las cantidades a producir entre las empresas, sobre todo en sectores que, como consecuencia de la crisis, se encuentran en transición o a la baja. Estos acuerdos estuvieron permitidos durante la década de los 80 y los 90 como carteles de crisis. Sería bueno, quizá, que los legisladores permitieran su autorización temporal por la Comisión Federal de Competencia Económica, para aliviar a las empresas. La otra alternativa, que se ajusta a las doctrinas más modernas es establecer programas de —ahora sí— salvamento o ayuda a empresas en crisis, siempre y cuando establezcan planes de reestructuración. Las fusiones en estas circunstancias suelen ser defensivas —para ahorrar costos y despedir personal— y son más frecuentes que en situaciones de mercados en expansión. Quizá la autoridad antitrust debería flexibilizar los criterios de autorización en estos casos, siempre y cuando se minimice el efecto sobre el empleo, como exigió Francia para una eventual concentración Renault-Chrysler. Lo que no se vale es que con el pretexto de las situaciones de recesión se ajusten los salarios de los empleados, se restrinjan los gastos en investigación y desarrollo, pero, oh sorpresa, ¡crezcan las ganancias de los accionistas! Esto se llama capitalismo podrido, y AMLO debería perseguirlos al igual que el caso Lozoya, sólo que se trata de corrupción privada.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del Área de Competencia, Protección de Datos y Consumidores del despacho Jalife& Caballero.