La reciente negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de modificar el título de concesión de Telmex para que la empresa pueda así ofrecer servicios de televisión de paga fue sorpresiva para algunos. Para otros fue simplemente la respuesta lógica y esperada en un mercado, a decir de la OCDE, de exacerbada concentración, con sus consecuentes resultados en limitada penetración, baja calidad y altos precios. ¿O no?

Así, garantizar un adecuado marco regulatorio y de políticas públicas para permitir el desarrollo del proceso de convergencia es equivalente a crear incentivos para que las nuevas tecnologías se aprovechen en mejoras productivas y se logre una mayor competitividad para el conjunto del aparato productivo. Y eso es precisamente lo que en esta ocasión ha decidido el colectivo de autoridades involucradas en diferentes fases del proceso: la Cofetel, la SCT, la CFC, entre otros.

Pero no debemos confundirnos, en realidad no es posible considerar que la decisión haya constituido un paso hacia adelante en términos regulatorios: seguimos tan mal como estábamos y las cosas no han cambiado. El único hecho relevante es que no se le dio permiso al operador principal de telefonía fija en el país de cambiar su título de concesión para poder incursionar en la oferta de otros servicios.

Parece importante aclarar que el anuncio reciente de negar al operador dominante del segmento fijo, Telmex, la posibilidad de ofrecer servicios de video de paga resulta en que nada ha cambiado en el sector. Lo que significa es que las condiciones de competencia inequitativa y acotada prevalecen en los mismos términos que han permitido a esa empresa conservar cuatro quintas partes del mercado, dos décadas después de su privatización y muchos años después de la entrada de la competencia al mercado.

Cabe entonces reflexionar acerca de lo que hubiera sucedido si el operador dominante hubiera obtenido el permiso para ofrecer servicios de televisión restringida en estas condiciones regulatorias, de mercado y de incumplimiento de sus obligaciones conforme a su título de concesión.

Si bien la entrada de un nuevo competidor a cualquier mercado es generalmente considerada como un avance en términos de competencia, ello no se materializa cuando se trata del operador extremadamente dominante en un segmento crucial del sector de las comunicaciones convergentes del país. De hecho, a nivel internacional nunca se ha autorizado la entrada de un operador con semejante peso de mercado a otros sectores de la industria.

En la mayoría de los países del mundo las actividades de infraestructura, entre las cuales las telecomunicaciones se consideran como estratégicas para el crecimiento económico y tienen características de monopolio natural, resultan de elevadas economías de escala y alcance. Con semejantes capacidades, la estructura monopolística en la red nacional del principal operador de telefonía fija del país ha probado reiteradamente la capacidad de limitar y hasta bloquear la competencia efectiva en el país. Más allá de la captura regulatoria y gubernamental (por mencionar tan sólo un par de las modalidades de captura), simplemente con impedir o dilatar la interconexión a otros operadores ha logrado a la fecha su objetivo de entorpecer la competencia en el segmento.

Además de las elevadísimas economías de escala inherentes al sector, el hecho de otorgar de jure esa capacidad de influencia del tamaño de su negocio, habría tenido efectos negativos para la competencia y los usuarios finales, al otorgar de facto el poder para depredar el mercado en la compra de equipo tecnológico y el control sobre contenidos. Además existe evidencia de que este tipo de operadores emplean frecuentemente prácticas anticompetitivas para refirmar su posición dominante, impidiendo la entrada de nuevos competidores al mercado en perjuicio directo del bienestar de los consumidores.

Pero en este caso específico, el boletín de la SCT argumenta, como razón principal para su negativa, que el operador ha incumplido en temas como en la cobertura, la información de sus operaciones y la interconexión estipulados en su título actual. Razón por demás lógica para no otorgarle mayores capacidades, pero tampoco mayores obligaciones, si no ha podido siquiera cumplir en dos décadas con las prevalecientes.

Con todo, es importante tener claro que dos de las C de esta administración, la competencia y la convergencia, deben seguir ese orden: primero la competencia, luego entonces, la convergencia. De otro modo, terminaríamos con mayor concentración de mercado, de ésa ya maltrecha competencia en las telecomunicaciones mexicanas.