El lunes, y como siempre al margen un sello con el Escudo Nacional, la Presidencia publicó en el Diario Oficial de la Federación una reciente modificación del Congreso al Código Penal Federal.

La nueva redacción del Artículo 223 Bis señala que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos objetos que ostenten falsificaciones de marcas o protegidas por la ley.

Si la venta de esa piratería, dice el mismo artículo, se hace en locales comerciales o de manera organizada o permanente, se agrava la pena.

Acabamos de leer la más reciente pieza de letra muerta que nos ha recetado la lejanía de la política mexicana de la realidad.

Estas modificaciones al Código Penal están en vigor desde ayer y si bien es iluso pensar que puedan las autoridades de inmediato implementar un operativo para hacer respetar el nuevo texto legal, también es cierto que nadie lo conoce. La industria de la piratería funciona con total normalidad.

Desde el vagonero del Metro que por 10 pesos contribuye a que ya no se grabe más música nueva en México, hasta los mercados bien montados donde se venden al consumidor final todo tipo de mercancías claramente ilegales.

Así la moderna ley antipiratería que castiga este delito en toda su cadena es una expresión más de cómo se puede pasar de la ausencia de reglamentación a la impunidad.

Apenas hace unos días México recibió de la Organización Mundial de Aduanas un trofeo por haber realizado el mayor esfuerzo en el combate a la piratería. Ahora lo que hace falta es que ese esfuerzo alcance para que se pueda marcar una diferencia.

Porque México está en la lista de observación prioritaria de la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual. Lo que significa pertenecer a la nada apreciable lista negra de la piratería mundial.

La Asociación Productora de Cine y Música de México reportó el año pasado pérdidas superiores a los 436 millones de dólares por la venta de música física ilegal. O sea, por la venta básicamente de discos compactos.

El 60% del software que se comercializa en México es pirata, lo que implica pérdidas anuales por 40,000 millones de pesos a los desarrolladores que pagan impuestos, seguro social y demás contribuciones.

La industria del calzado, del vestido, editorial, cinematográfica, farmacéutica, etcétera, tienen cifras impresionantes de pérdidas producto de la piratería. Pero más allá de las cifras las evidencias en cada ciudad, en los mercados, en las calles.

Y si es posible que pierdan tantos cientos de millones de pesos es porque hay plena libertad para la distribución de estos productos.

Así que una modificación legal que se supone que va a castigar este delito de oficio genera la muy razonable duda de su real aplicación.

La primera piedra

Es increíble que después de tan devastador y preciso diagnóstico de la Cepal sobre las precarias condiciones fiscales mexicanas no haya la más mínima reflexión por parte de autoridad alguna.

Y no se trata de convocar a una conferencia de prensa para desmentir o respaldar lo dicho por Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de esta Comisión dependiente de la ONU. Pero sí al menos dejar ver que hay alguien en este país que tiene la conciencia de que el marco fiscal mexicano está en ruinas.

Se suponía que a partir del lunes, pasadas las elecciones del 4 julio, los partidos políticos habrían de trabajar en el diseño de un esquema fiscal menos desastroso que el actual.

Hay suficientes elementos y antecedentes como para no ser optimistas con esta promesa, pero había una posibilidad de hacer algo aceptable en el terreno tributario.

Pero por ahora lo que hay es la incertidumbre de cuáles pueden ser las prioridades de la clase política, tras el nivel de enfrentamiento que se alcanzó tras este proceso electoral.

Y, también, cuál es el grado de acercamiento tras las evidencias de que el crimen organizado gobierna y decide sobre partes del territorio nacional.

Lo que México no puede hacer es seguir ganándose motes que hablan de sus incapacidades: estado fallido, paraíso fiscal de facto, violador de derechos humanos...