En el artículo de la semana pasada apunté dos cambios institucionales que permitirían que la economía creciese a mayores tasas, logrando con ello un impacto positivo sobre los niveles de pobreza en el país. Estos cambios eran la reforma a la legislación laboral y la profundización del combate a las prácticas monopólicas. Ambos se traducirían en una mayor tasa de crecimiento de la productividad de los factores de la producción, más crecimiento económico y menos pobreza.

Hay obviamente más cambios institucionales que hay que hacer para generar las condiciones que deriven en un mayor crecimiento. En este artículo comentaré uno que es crucial: la importancia de la protección de los derechos privados de propiedad por parte del Poder Judicial.

Es realmente sorprendente que cuando se discute en nuestro país la razón del bajo crecimiento de la economía mexicana, prácticamente nadie menciona el tema de la inseguridad jurídica que prevalece en México en cuanto a los derechos privados de propiedad, siendo que éste es uno de los pilares más importantes con los que debe contar un país para experimentar un proceso de crecimiento económico alto y sostenido.

Uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país es la inseguridad jurídica que existe en el cumplimiento de los contratos, tanto aquellos realizados entre agentes del sector privado como entre los que involucran al gobierno. Cuando una empresa no tiene la certeza de que en caso de incumplimiento de un contrato podrá acudir a las instancias judiciales para que obliguen a la parte violatoria a cumplir o adjudicar las garantías establecidas en éste, el efecto es desincentivar una mayor inversión. Adicionalmente, esta inseguridad jurídica inhibe que las empresas busquen las mejores opciones tanto de proveedores como de clientes, prefiriendo hacer negocios únicamente con contrapartes conocidas y consideradas como honorables , aunque no sean aquellas que ofrecen las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Y esto obviamente tiene un efecto negativo sobre la asignación eficiente de recursos y sobre el crecimiento económico.

Esto adquiere, por ejemplo, una gran importancia cuando se trata del financiamiento bancario y no bancario a las actividades productivas. Si las instituciones financieras no tienen la certeza jurídica de que podrán, en tiempo y forma, recuperar el financiamiento otorgado y, más aún, piensan que en caso de acudir al Poder Judicial el resultado será incierto, además de que el proceso puede tomar mucho tiempo, como consecuencia habrán tasas de interés activas más elevadas y un menor flujo de financiamiento, lo que se traduce en mayores costos de inversión y por lo mismo menor crecimiento económico.

No contar con un Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, que sea efectivamente independiente, imparcial, eficiente y expedito, desincentiva la inversión y el crecimiento económico. Tal como afirmó el premio Nobel de Economía Douglass North: La inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a países del tercer mundo, como del actual subdesarrollo de estos países .

De esta manera, dado que lo que se quiere alcanzar son mayores tasas de crecimiento económico como fuente de aumento en el bienestar y de abatimiento de la pobreza, es indispensable una reforma de fondo de los poderes judiciales para que éstos sean, efectivamente, independientes e imparciales.

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