El Secretario de Hacienda tuvo razón cuando afirmó que México no es un país pobre. Con un ingreso por habitante cercano a los 10,000 dólares anuales, nuestro país cae en la categoría de uno de ingreso medio. Obvio, eso no implica que no haya pobres y la pregunta relevante es qué hacer para que no solamente el ingreso por habitante siga aumentando sino que también se abata paulatinamente el número de familias que viven en la pobreza.

Es claro que la forma más efectiva de combatir la pobreza es a través del crecimiento económico sostenido. Una economía que no crece a tasas relativamente elevada, difícilmente podrá lograr que el número absoluto de pobres caiga de forma significativa. Y es precisamente en este punto en donde tenemos un problema. Durante las últimas tres décadas, la economía mexicana ha tenido un desempeño mediocre, con muy bajas tasas de crecimiento porque las condiciones estructurales de la economía son deficientes e ineficientes. Los incentivos que se derivan de ese arreglo institucional no son los que se requieren para poder crecer a tasas más elevadas. Esto es lo que hay que cambiar.

Son varias las modificaciones que hay que hacer al marco institucional en el cual se desenvuelve la economía mexicana, todas ellas ya mencionadas con insistencia, pero que por razones en particular de carácter político simplemente no se hacen.

Destaca en primer lugar la imperiosa necesidad de modificar la legislación laboral. La Ley Federal del Trabajo vigente contiene dos sesgos importantes que impactan negativamente al crecimiento económico. El primero es el sesgo en contra del empleo de mano de obra que se deriva de los altos costos de despido y los también altos costos para las empresas de los pagos correspondientes a la seguridad social (IMSS, SAR e Infonavit), sesgo que a su vez incentiva a que las empresas operen en la informalidad en pequeñas unidades, con tecnologías obsoletas y con muy baja productividad.

El segundo sesgo es que la propia legislación laboral inhibe la introducción de cambios tecnológicos en los procesos productivos por lo que, en consecuencia, impide el crecimiento de la productividad de los factores de la producción. Urge, por lo tanto, modificar esta legislación para hacer más flexible el mercado laboral, reduciendo los costos de despido (y, en consecuencia, de contratación), permitiendo los contratos a prueba y por hora, eliminando la cláusula de exclusión sindical, así como el escalafón ciego. Mientras no se hagan estas modificaciones, persistirá el sesgo en contra del crecimiento de la productividad y en contra del crecimiento económico.

Una segunda modificación importante es la relativa a las prácticas monopólicas, tanto las que se presentan en el sector privado como las de carácter gubernamental. El que una parte significativa de la economía presente una alta incidencia de prácticas monopólicas no solamente inhibe una mayor productividad de los factores de la producción y el crecimiento económico sino que, además, tiene un claro efecto regresivo ya que estas prácticas afectan relativamente más a las familias más pobres. Es por lo mismo indispensable profundizar el combate a estas prácticas y generar condiciones de mayor competencia en los mercados.

Errata: En el artículo de la semana pasada cometí un error al afirmar que la prueba ENLACE sólo se aplicaba en tercero y sexto de primaria. En realidad se aplica en los cuatro últimos grados de primaria, así como en los tres años de secundaria, en donde se evalúa Matemáticas y Compresión de Lectura.

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