Leí en la edición de ayer de El Economista las declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera: “En México se recauda poco, porque hay mucha gente que está obligada a pagar un impuesto y que no lo está pagando”. “Queremos que todos los mexicanos paguen sus impuestos”. “Conseguir un aumento significativo en la recaudación, sin subir las tasas ni crear nuevos impuestos”.

¿Quién en su sano juicio puede estar en contra del combate a la evasión fiscal? Seguramente nadie con dos dedos de frente. El problema reside en el cómo. ¿De qué manera hacerlo? Ahí está el quid de la reforma que se aprobó ayer en la cámara de senadores. A pesar de las declaraciones del secretario Herrera —que parecen sinceras—, muchos ven esa reforma como una posibilidad de “terrorismo fiscal”. Que las opiniones en ese sentido sean tan numerosas debería ser motivo de reflexión para los que impulsan la iniciativa. ¿De verdad carecen de toda razón los críticos?

Es indiscutible que la operación de bandas que se dedican a producir facturas falsas y a la creación de empresas fantasma debe ser combatida sin descanso. Pero, ¿es indispensable para ese fin la controvertida reforma de marras? Según un legislador del PAN, no tiene sentido tratar de inventar la vaselina en polvo: “El SAT podría actuar, porque sabe quiénes son los que evaden impuestos y emiten facturas falsas. Tiene la lista negra y no va contra ellos”. Y a continuación, expresó el punto medular: “Quiere cargar a los empresarios la responsabilidad de auditar”.

Como resulta evidente, el cumplimento de las nuevas leyes tributarias no tendrá la misma incidencia para todas las empresas. Y claramente, según lo explicó el vicepresidente de asuntos fiscales de la Concanaco, con la posible aprobación de la reforma, la cual todavía deberá pasar por la cámara de diputados, las más afectadas serán las pymes. ¡Imagine el lector el despropósito! Obligar a que las empresas en esa situación tengan que verificar que todos sus proveedores están cumpliendo con sus obligaciones tributarias a fin de que los dueños no caigan en el supuesto de defraudación fiscal y sean castigados “con prisión preventiva oficiosa durante la investigación”. En términos de esa voz, que parece autorizada, —el abogado Juan Carlos Pérez Góngora— “la autoridad debe ser cuidadosa y evitar actuar contra los empresarios”, al obligarlos a revisar a todos sus proveedores.

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico