Las licitaciones públicas deben estar sujetas a condiciones de competencia con el fin de evitar actos de corrupción, refrendó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que emitió la “Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas”.

Para resolver las problemáticas de competencia observadas así como para inhibir actos de corrupción y desincentivar acuerdos ilegales entre empresarios y funcionarios, sean para imponer sobreprecios al gobierno o para conseguir asignaciones predeterminadas de contratos, la institución planteó las siguientes acciones:

Emitir un decreto presidencial que obligue la participación de la Cofece en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia.

Crear un mercado virtual e imponer la obligación —por medio de un decreto— a todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) de realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de éste.

Obligar a las dependencias a requerir que los licitantes declaren cuando, en caso ganar, planeen subcontratar e identificar a quién y por qué así como que no se permita subcontratar a perdedores de la licitación y, cuando se acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas concursen en grupo y de manera individual.

Incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios (plazo, monto, cantidad).

Transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o contratos y evitar la discrecionalidad de las mismas.

Aplicar la inhabilitación, prevista ya en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los agentes económicos sancionados por colusión —en términos de la Ley de Competencia— para participar en concursos públicos subsecuentes.

Adicionalmente, la Cofece propuso siete acciones que requieren modificación legislativa:

  • Obligar a realizar las investigaciones de mercado sólidas y transparentarlas.
  • Acotar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes a la licitación pública abierta.
  • Eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la APF.
  • Permitir la participación de otros licitantes interesados en los procedimientos restringidos.
  • Restringir la participación simultánea de empresas de un mismo grupo de interés económico para evitar simulación de competencia.
  • Transformación del mecanismo de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas.
  • Crear una Ley General de Contratación Pública (adquisiciones y obra pública) que se apegue a los estándares internacionales.

“Cuando hay competencia por los contratos de gobierno, se restringen los sobreprecios, se reducen los espacios para el favoritismo y el tráfico indebido de influencias y se dificulta la formación de acuerdos colusorios orientados a extraer ganancias ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores o entre un oferente y un servidor público”, argumentó la Cofece.

Aunado a esto, la Comisión detectó diversas problemáticas en las contrataciones públicas desde una perspectiva de competencia, entre éstas un mal diseño de las licitaciones, subjetividad en los mecanismos de evaluación por puntos o porcentajes y la subcontratación de empresas perdedoras como mecanismo de colusión. No es una mala propuesta de Cofece. Quizá demasiado académica, como lo que ha caracterizado la presidenta del órgano antimonopolios. Consideramos que sería mejor hacer menos documentos —no sin ello quitarle su importancia— y dedicarse a su misión fundamental: sancionar fuerte a las empresas colusivas y mantener una vigilancia más dura sobre fusiones y adquisiciones. Si no, parecería más un think tank a un auténtico organismo de defensa de la competencia.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.