El adelantado acto de autoridad que anunció la jefa de Gobierno, de retirar el monumento a Colón y colocar una escultura Olmeca, Mesoamericana, Indígena… que a estas alturas abraza ya demasiados e incoherentes significados, vulnera los artículos 12 y 15 de la Constitución de la ciudad; pasa por alto al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la CDMX y las resoluciones de la Corte en materia de consulta previa tratándose de comunidades indígenas.

El Constituyente que creó la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, en el que participaron muchos de los que ahora gobiernan, ese que discriminó e invalidó al poeta nahuablante Mardonio Carballo, quien presidía la Comisión de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ese Constituyente decidió elevar el Derecho a la Ciudad de categoría sociológica a categoría jurídica. La CDMX es la única entidad del país que ha establecido este derecho en su constitución. Un derecho que consiste, según lo establecieron en el artículo 12, en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, “fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. El Derecho a la Ciudad, dice textual: “es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

La adelantada decisión de la Jefa de Gobierno debe pasar por el Derecho a la Ciudad (pero no por encima). Así lo establece el citado artículo 12 al definir el derecho a la ciudad como un derecho colectivo que debe garantizarse mediante la gestión democrática. El artículo 15 cierra la pinza: “Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad (…) la planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar, entre otros, el disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad…” Desde el artículo 3º se reconoce que el ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.

En segundo lugar, esta decisión pasa por alto las atribuciones del Comité de Monumentos y Obras Artísticas es Espacios Públicos de la Ciudad de México. Organismo creado por Acuerdo del Gobierno de la Ciudad en marzo de 2013, el cual no fue consultado en esta decisión, según comentan dos de sus integrantes. Este Comité tiene entre sus atribuciones: 1) Emitir dictámenes técnicos sobre la instalación, reubicación o remoción de monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística en los bienes de dominio público del Distrito Federal que sean de uso común; 2) Autorizar la instalación, reubicación o remoción de monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística en los bienes de dominio público del Distrito Federal que sean de uso común como plazas, calles, avenidas, paseos, jardines y parques públicos; 3) Emitir recomendaciones públicas vinculatorias a la Administración Pública del Distrito Federal acerca de la conveniencia de instalar, reubicar o remover algún monumento histórico o artístico, pintura mural, escultura y cualquier obra artística que se encuentre en los bienes de dominio público del Distrito Federal que sean de uso común.

En tercer lugar, la medida tampoco prevé la consulta a las comunidades originarias en los términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por incidir en la vida y desarrollo de los pueblos originarios, y de los convenios internacionales con estándar de derecho humano. Los deja al margen de su derecho a participar en la vida cultural y a no ser discriminados.

Los indígenas y pueblos originarios de México son ya sujetos de derecho en la Constitución federal y en la Constitución de la CDMX, pero el gobierno de la ciudad los sigue tratando como objetos de estudio. Es necesaria la encuesta ciudadana y la consulta a los pueblos originarios.