Quedan 72 horas para resolver la crisis de gobernabilidad que avecina a Colima, tras de la anulación del resultado electoral que habría llevado al priista José Ignacio Peralta a la gubernatura. El próximo sábado 31 vence el plazo para que el Congreso de aquella entidad designe a quien deberá ocupar la vacante que dejará Mario Anguiano.

¿El sustituto tendrá el carácter de provisional, interino o encargado de despacho? Al cierre de este espacio no había certidumbre al respecto, debido a las precarias condiciones para un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Y también, por la falta de certeza respecto de la validez de lo estipulado en el ordenamiento constitucional. El Artículo 55, en lo particular, prevé los escenarios, en caso de las faltas temporales o absolutas del gobernador.

Si la falta fuera absoluta y tuviera lugar dentro de los dos primeros años del período constitucional, el Congreso nombrará un gobernador interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido del gobernante a sustituir... , dice el segundo párrafo del artículo.

Los diputados, complementa, deberán convocar a la elección extraordinaria dentro de un plazo de 10 días a partir de que hayan nombrado al gobernador interino, misma que deberá celebrarse en un periodo máximo de un mes. Ergo: la reposición de los comicios tendría que celebrarse el domingo 13 de diciembre, si esto se cumpliera al pie de la letra.

Una reforma al Artículo 57 -vigente por virtud del decreto 244 publicado en el Periódico Oficial de Colima, publicado el 29 de agosto del 2005- impuso un candado adicional. Y de acuerdo con expertos en derecho electoral, es el que debe aplicarse tras de la anulación decretada por el Tribunal Electoral.

Si por cualquier motivo la elección de gobernador no estuviere hecha y publicada para el 1 de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no estuviere en posibilidad de tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus funciones, el gobernador que esté desempeñando el puesto y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el gobernador que por cualquier motivo no pudiera tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones, no debiendo exceder el interinato de dos meses .

Este cambio fue promovido por el extinto Gustavo Vázquez Montes, quien había sido afectado por una anulación del TEPJF en el 2003. Distintas organizaciones políticas y sociales promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo pleno declaró inválido el segundo párrafo del Artículo 55 y el Articulo 57. En concreto, los ministros consideraron que los plazos eran insuficientes en el caso de que hubiera impugnaciones.

Han pasado 10 años desde esa determinación judicial y hasta ahora nadie había reparado en la falta. Tendríamos un gobernador ilegal, no un gobernador interino , advirtió la abogada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, ex presidenta del Tribunal Electoral de la entidad.

El vacío jurídico se ve agravado por la intensidad de la pugna entre priistas y panistas, que empeoró tras de la denuncia interpuesta por Gerardo Herrera Zavala, secretario jurídico y de transparencia del CEN del PRI, que urgió a la Fepade a castigar a quien resulte responsable , por falsear información y mentir a la autoridad electoral. Es un juego de suma cero, pues la autoridad electoral habría determinado la responsabilidad del senador Preciado y del ex secretario de Desarrollo Social del gobierno colimense, Rigoberto Salazar, en las conductas que llevaron a los magistrados del Tribunal la anulación de los comicios.

El ex candidato panista a la gubernatura de Colima, quien en la víspera había declarado que volvería a tramitar licencia a su cargo legislativo, para competir nuevamente, sería el blanco de la denuncia priista. Y si bien no podría ser sancionado penalmente -salvo que se iniciara un juicio político en su contra-, quedaría imposibilitado de competir otra vez, en caso de que los fiscales comprobarán que presentó documentos falsos y mintió a la autoridad electoral.

Sería una victoria pírrica, en todo caso. Y es que el PAN se convirtió en la primera fuerza, el pasado 7 de junio. Con la mayoría absoluta en el Congreso y el control de ocho de 10 alcaldías, el blanquiazul tiene los votos y la fuerza política para desechar la terna que deberá postular el gobernador saliente, para nombrar al interino.

El PRI y el PAN dirimen sus diferencias en los tribunales, antes que en las urnas... mientras las autoridades electorales analizan los escenarios. La sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral mandata al INE a reponer el proceso comicial a la brevedad . Entre los integrantes del Consejo General no hay consenso sobre la viabilidad de celebrar la nueva votación.

¿En febrero, entonces? ¿O hasta junio, con la concurrencia al resto del calendario electoral 2016? Si las fuerzas políticas no alcanzan un acuerdo, ¿podría declararse la desaparición de poderes? Ese escenario extremo -regulado por el Artículo 76 de la Carta Magna- dejaría la designación del gobernador provisional en manos del Senado de la República, a propuesta de una terna que debería proponer el Ejecutivo federal. El tercer párrafo del Artículo 55 de la Constitución de Colima estipula que si fuera el caso, el gobernador provisional convocaría a elecciones extraordinarias dentro de un término que no excederá de 15 días después de su unción, y el electo tomaría posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva.

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