El pasado 7 de junio, el estado de Colima fue el que tuvo la contienda más reñida, de todas las que se disputaron en el país, para renovar gubernatura.

Los cómputos arrojaron resultados cerrados, en los que José Ignacio Peralta, de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza, obtuvo 119,437 votos, mientras que Jorge Luis Preciado, del PAN, 118,934. Una diferencia de 503 votos fue lo que inclinó la balanza e incrementó tensiones entre ellos, en una competencia que convocó a casi 300,000 electores a las urnas, pero que también registró una intervención calificada por el Tribunal como indebida por parte de algunos funcionarios del gobierno local para favorecer al candidato que más votos recibió, lo que distorsionó el principio de neutralidad, la imparcialidad que deben observar los servidores públicos y, con ello, pese a que el tribunal de Colima validó la elección, ésta se anuló el 22 de octubre por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 59 de la constitución de Colima establece expresamente que la intervención del gobierno del estado es causal de nulidad (en este caso de funcionarios de ese gobierno), y el artículo 134 de la Constitución general de la República obliga a los servidores públicos a conducirse con imparcialidad.

El árbitro electoral local cumplió con lo que estaba en sus manos para garantizar el respeto al voto emitido, incluso a través de un recuento total de las casillas instaladas, pero la elección había sido lastimada ya, acorde a la revisión definitiva que hizo la Sala Superior del Tribunal, debido al proceder alejado de la imparcialidad que deben observar los servidores públicos. El mensaje fue claro: el Tribunal fija un criterio que apunta a no tolerar la intervención de los gobiernos en la organización de los comicios.

La magistrada y los magistrados no encontraron que el órgano electoral local se condujera fuera del principio de imparcialidad, sino a funcionarios de gobierno, quienes emprendieron acciones desde esa posición para favorecer a su candidato, y con ese simple hecho fue suficiente para anular.

La sentencia instruye al INE para organizar directamente la que será la primera elección para gobernador a cargo de una autoridad central de carácter nacional. En 1997, el entonces IFE fue responsable directo de los comicios que permitieron a la ciudad de México elegir por voto directo al jefe de Gobierno, pero nunca en las entidades había sucedido en los términos que ahora será en Colima.

El INE organizará la elección, pero me parece un error asumir que la nulidad significa un juicio en contra del órgano electoral local, de su trabajo para recibir y contar los votos y de su actuación imparcial. La sentencia en realidad analizó las acusaciones sobre el comportamiento específico de consejeros y consejeras locales y desechó o declaró infundados esos agravios en contra del árbitro local, no así los que tenían que ver con la intervención del secretario de Desarrollo Social del estado del gobierno local.

La lectura de ese castigo o desaprobación al órgano local ha surgido a partir de una valoración política de los hechos, de la sentencia del Tribunal. En realidad, la reforma electoral de 2013-2014 prevé ya escenarios para que sea a nivel central, en casos excepcionales la organización de comicios locales. Colima es un caso especial porque su elección se anuló y por eso el INE la asume a mandato expreso del Tribunal.

*Consejero del INE

Twitter:@MarcoBanos