Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó la resolución más trascendente para la industria de las telecomunicaciones desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995.

Con una mayoría de seis votos contra cuatro, el pleno de la Corte resolvió que en los juicios de amparo en materia de interconexión los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito están imposibilitados de conceder a los quejosos la suspensión del acto reclamado. En términos llanos, esto quiere decir que todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a acatar las resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) mientras dura el juicio. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que las empresas afectadas se encuentren impedidas de acudir a los tribunales cuando una resolución administrativa viole sus garantías individuales. Se trata simplemente de que la resolución que adopte la Cofetel se aplicará hasta en tanto el juez decida si la resolución viola o no los derechos constitucionales de la quejosa.

Aún más, es perfectamente factible que la sentencia definitiva ampare y proteja a la empresa afectada y, consecuentemente, se revoque la resolución de la Cofetel violatoria de garantías.

Esta histórica resolución es consistente con la mejores prácticas internacionales recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que cita algunos ejemplos de países donde las tarifas de interconexión son dictadas por el regulador y sujetas a control judicial, pero cuya aplicación nunca es suspendida por el Poder Judicial en tanto no haya resolución definitiva y firme. Tal es el caso de Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Egipto y muchos otros.

El proyecto propuesto por el ministro Franco diferenciaba entre dos escenarios que en mi opinión no merecían un trato diferenciado.

Por un lado decía que las resoluciones tendentes a la interconexión física entre operadores no podían suspenderse por ser la interconexión misma de orden público e interés social. Por el otro, de manera inconsistente, afirmaba que las tarifas de interconexión atañen exclusivamente a los particulares y, por tanto, sí podrían ser materia de suspensión.

Digo que me parece que esta postura era inconsistente porque en la práctica las tarifas podrían hacer inviable económicamente la interconexión, aunque ésta exista ya físicamente. La semana pasada, en este mismo espacio, dije que en mi opinión las tarifas de interconexión son de orden público e interés social, ya que si bien no se reflejarán directa e inmediatamente en una disminución de los precios al público, sí presionarán a la competencia entre operadores que deseen incrementar su participación de mercado.

La mayoría de los ministros adoptó este criterio y, en contra de lo planteado por el ministro Franco, resolvió que no se pueden suspender las resoluciones que obliguen a la interconexión física ni aquellas sobre tarifas de interconexión.

No hay duda sobre la trascendencia de la resolución de la Corte, pero no debemos esperar reducciones inmediatas y significativas en los precios al público. El precio por llamada a otras redes lo sigue fijando el operador con el que cada quien tenga contratada su línea y a menos de que la presión de sus competidores los obligue es predecible que las tarifas al público no serán reducidas en la misma medida que las tarifas de interconexión y su disminución será gradual.

Además, la resolución de la Corte no puede tener efectos retroactivos, por lo que salvo los asuntos directamente analizados por la Corte en su sesión de ayer, cualquier suspensión definitiva otorgada con anterioridad continuará vigente.

Quizá lo más importante de esta resolución consista en el hecho de que la Cofetel ya no tiene pretexto para poner orden en un mercado lleno de abusos y vacíos de poder. Esperemos que aprovechen el espaldarazo que la Suprema Corte les ha dado y utilicen su nuevo poder para regular sabiamente, con una política clara y definida. Ya tienen el cómo, pero falta conocer el para qué y el cuándo. Creo que ambas cuestiones deben ser hechas del dominio público a la brevedad.

Ninguna política pública es neutra y siempre hay intereses afectados o beneficiados, lo que necesitamos saber con claridad es a quién beneficiarán las medidas que la Cofetel llegue a adoptar. Espero, honestamente, que los beneficiados seamos los usuarios y que la disminución en las tarifas de interconexión no sirva únicamente para transferir ingresos de la bolsa de uno a las bolsas de otros.

El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, catedrático de la Universidad Iberoamericana y Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.