La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), que coordina Julio César Rocha López, reconoce que el anteproyecto de Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Planteles de Educación Básica carece de sustento jurídico, y hay dudas sobre su impacto; la pregunta necesaria: porqué la Cofemer continúa con el proceso de análisis de mejora regulatoria de dicho documento.

La historia, a la que le falta muchas páginas por escribir, es que en el oficio emitido el pasado 24 de junio, en el que la Cofemer da la primera de las tres resoluciones esperadas en un anteproyecto como éste, precisa que con la información disponible parecería que el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria pudiera no revestir la naturaleza de ley o estatus jurídico que se requiere para sustentar los Lineamientos, por lo que recomienda a la SEP valorar la conveniencia de aportar elementos adicionales .

Con respecto al análisis costo-beneficio, la Cofemer determinó aplicable el supuesto de calidad regulatoria aludido por la Secretaría de Educación Pública que encabeza Alonso Lujambio; sin embargo, también reconoce que la estimación de costos pudiera no ser precisa, porque recomienda a la SEP valorar la estimación de costos aportada por el sector privado. Son varias las empresas y organizaciones que se han pronunciado por el costo real de la medida; más allá de esto, es fundamental que la norma sea elaborada para que las empresas cumplan a cabalidad con los lineamientos.

De lo contrario, no servirá de nada el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, y nuestros jóvenes seguirán la ruta de la obesidad con los costos que esto significa en la lucha contra todas la enfermedades que se generan por la gordura.

Es claro que las empresas productoras de frituras, las refresqueras y las panificadoras, entro otras, no quieren ver disminuidos sus ingresos; así que la ruta que falta es compleja, por decir lo menos. Todos los actores involucrados tendrán que esforzarse por cooperar antes de que se tengan que llegar a poner un impuesto a la obesidad y que ésta sea un asunto de seguridad nacional.

Mexicana de lubricantes, licencia de Akron en riesgo

La Secretaría de la Función Pública, que encabeza Salvador Vega, y Petróleos Mexicanos, que dirige Juan José Suárez Coppel, podrían nulificar el Contrato de Licencias de Uso de Marca que celebraron Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, de Salvador Martínez Garza, para validar los productos Akron.

El meollo del asunto radica en que el citado convenio que modifica el contrato de sociedad que iniciaron desde el 11 de enero de 1993, Mexicana de Lubricantes y Pemex Refinación, carece de validez legal desde su origen.

En el Contrato de Licencias de Uso de Marca, firmado el 15 de octubre de 1999, Mexicana de Lubricantes declara: Octavio Sánchez Mejorada Velasco, representante legal, tiene facultades para obligarla en los términos del presente convenio, según se desprende de la escritura pública 7515 con fecha 27 de abril del 2000, otorgada ante Mario Camarena de la notaria número 7 de Guadalajara, Jalisco.

Función Pública y la actual administración de Pemex desconocen las razones legales por las que no se investigó las anomalías del presente contrato, pues no se puede firmar un convenio en cuyo contenido se expresa un acto que se celebró un año después, con fecha del 27 de abril del 2000.

La Función Pública tiene documentado el caso, y todo apunta a que solicitará un informe detallado para conocer la gestión de las anteriores administraciones de Pemex y su subsidiaria Pemex Refinación ante un conflicto que nomás no termina de acabarse y que si todo avanza, como las partes tienen considerado, la sociedad entre Mexicana de Lubricantes y la paraestatal ya se encuentra en su etapa final, al tiempo.