Fueron dos abogados. No cualquieras. Los que cobran a 1,500 dólares la hora. Pero con la convicción y compromiso que si el cliente no sale libre, tomando en cuenta los tiempos de la justicia mexicana, habrá un descuento del 50%. Ellos son Eduardo Luengo Creel y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Salvador Rocha Díaz.

Ambos buscarán echar por tierra las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Gregorio Sánchez Martínez GREG. Ante los medios ofrecieron detalles, para que los Ministerios Públicos Federales vean que hay boquetes’’ que no lagunas’’ legales.

Luengo Creel, inauguró los litigios’’ en los medios. Clases, muchas. Ensayó con otros de su prosapia: el desaparecido Diego Fernández de Cevallos, el verdadero maestro, Juan Velázquez y Salvador Rocha, además de iluminados’’ que están en la Sección Amarilla, más los que son la jerga legal: Zinzer-Esponda-Gómez Mont, Nassar Daw y demás.

Sin más. Ambos comentaron que a Sánchez Martínez y a los partidos políticos que los contrataron PRD-PT y Convergencia, no les alcanzarán los tiempos políticos, porque lo jurídico-legal hacen prevalecer la ¡justicia! Ante los embates del Estado.

Hoy por hoy es candidato’’, contaron los abogados. Después del viernes, quién sabe. Ellos no dudaron, el retiro de Gregorio Martínez de las boletas, estaba consumado.

Invitaron a una conferencia de prensa. En un lujoso hotel, como es su costumbre. Hablaron, comentaron, expusieron y entregaron los argumentos’’ contra la PGR por escrito.

Gregorio Sánchez está a la sombra. Esa es la realidad y los tiempos legales no van a alcanzar los tiempos electorales. Sí sale algo a favor de su defendido, no será antes de las elecciones estatales, no solo de Quintana Roo, sino otros Estados.

Vamos a la jerga legal. El exministro de la SCJN dijo que la PGR puede acusar a Sánchez Martínez de delincuente, pero no de buey’’.

Porque si sus testigos protegidos, colaboradores o con protección’’ dijeron que el presidente municipal con licencia de Benito Juárez (Cancún), imputado de cobrar 30,000 pesos mensuales como pago de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, como está descrito en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDC/063/2010.

COMMODATO

Y el testigo protegido, con protección o colaborador cobraba 5,000 pesos a la semana, sumando 20,000 pesos y el presidente municipal de Cancún, de donde salían los cargamentos de droga e invertían ¿iba a cobrar eso?

¿Sabemos. Dicen la PGR, SSP, Semar y Seneda? Que sí.

Todo eso está en indagatorias, inteligencia federal, indiciados y probables delincuentes.

Al cuento vamos. Hace 10 años me dijo un abogado, que hace mucho tiempo que no nos veíamos’’. Lo primero que espetó: son de oídas’’, tú sabes’’ y demás.

Parece que fue ayer. Si da gusto. Porque todo es periodístico.

Simplemente termino hablando con un reportero, no un amigo, que por cierto fue citado por PGR para ser parte de un proceso. Paro i dijo el abogado que se acordó que existen artículos constitucionales para decir: ni soy de aquí, ni de allᒒ.

Cómo terminó ese encuentro:

A Raúl (Salinas de Gortari) lo acusaron de: portación de hermano prohibido’’. A Gregorio Sánchez Martínez de portación de testigo equivocado’’.

Y son más de 10 años. Pero la justicia es parte de nuestras vidas, mientras no esté contra nosotros.