Cada vez es más difícil llevar a cabo proyectos urbanos por la oposición de vecinos y organizaciones sociales. Y paradójicamente, la ciudad requiere en forma continua nuevos proyectos para adaptarse a condiciones cambiantes, competir, y satisfacer nuevas y crecientes necesidades y demandas de sus ciudadanos. Pero se ha inhabilitado la capacidad del gobierno de la ciudad para planear racionalmente el uso del espacio, y para modificar regulaciones y programas de desarrollo urbano; se enfrenta a estridentes y contenciosos procesos de consulta que prefiere evitar. Ahora todos sabemos que los cambios en el contexto físico urbano afectan determinantemente nuestra calidad y estilos de vida, y el valor de nuestro patrimonio más importante: nuestra casa.

Divergencias de visión e interés individual que se multiplican y ensanchan día con día bloquean la posibilidad de conciliación con el interés público. Un gobierno balcanizado entre administración central, delegaciones y ALDF, con liderazgo escuálido, credibilidad infinitesimal, prestigio maltrecho y derrotero incierto, carece de habilidades básicas para construir una visión compartida sobre el tipo de desarrollo que queremos para la ciudad. Todo se dirime caso por caso, proyecto por proyecto, a través de un penoso y conflictivo forcejeo político y mediático entre desarrolladores, funcionarios y vecinos, no exento a veces de corrupción o extorsiones apenas disimuladas. La ciudad renuncia a la coherencia.

La sensibilidad creciente de los ciudadanos a intervenciones urbanas es un fenómeno relativamente nuevo en México; quizás data de los años 70 y 80 del siglo pasado. Es la gestación y nacimiento del fenómeno NIMBY (Not in My Backyard) en nuestra ciudad. La construcción de los ejes viales lo detonó, mientras que la reacción social por el terremoto del 85 confirió asertividad al apetito insurgente de los ciudadanos contra decisiones verticales de gobierno. La indudable pluralidad democrática que se ha asentado en el país ofrece contexto y nutrientes ideológicos variopintos, además de que glorifica al activismo vecinal como expresión saludable de sociedad civil.

El protagonismo NIMBY tensa la balanza de uso del espacio en una competencia feroz por recursos territoriales escasos: vivienda, comercios, vialidades, trenes, metrobuses, espacio público, paraderos, ambulantaje. La cultura ambiental nos ha hecho saber a todos que los proyectos tienen impactos identificables y medibles, y que es posible mitigarlos o compensarlos. Impactos y costos generalmente se concentran en un sitio y en un sector reducido de vecinos, mientras que los beneficios de los proyectos en el mejor de los casos son difusos y poco perceptibles. Esta asimetría de costos y beneficios dispara la reacción de inconformidad contra proyectos necesarios a escala metropolitana pero vistos como indeseables a escala local; más todavía, en ausencia de cultura cívica y urbana, de entendimiento colectivo sobre el significado del desarrollo urbano, de un contrato social explícito en la ciudad, y de mecanismos transparentes y equitativos de compensación para las comunidades urbanas directamente afectadas.

Ahora, a pesar de todo, el fenómeno NIMBY cumple una función social indudable (Matthew Kiefer. The social function of NIMBYism. Planetizen, August, 2008). Es una fuerza correctiva de control social para ciudadanos que de otra forma son impotentes ante fuerzas casi cósmicas que los afectan; en especial, si se traduce en participación real en el diseño de los proyectos. Empodera a quienes actúan constructivamente y de buena fe, es acicate a la creatividad cívica, permite identificar necesidades legítimas de compensación a los afectados, redistribuye y mitiga impactos, protege el valor del patrimonio familiar (la casa) y da oportunidad a la comunidad de adaptarse al cambio inevitable. Incluso, el fenómeno NIMBY asumido adecuadamente, en un ambiente de diálogo franco e informado, podría evolucionar para nutrir de racionalidad y legitimidad a una nueva lógica de gobernanza del espacio urbano en la ciudad de México.