De ser cierto, será un golpe demoledor; la polémica provocaría un vuelco dramático a la carrera presidencial en México: recursos provenientes de empresas ligadas al crimen organizado -concretamente a Los Zetas- habrían sido utilizados para pagar una campaña publicitaria en favor del PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, en Estados Unidos.

¿Una invención? Todo lo contrario, de acuerdo con el escrito de demanda. Edward J. Schwartz, juez del distrito sur de California, daría paso a la denuncia presentada por el abogado Maxwell C. Agha a nombre del empresario mexico-americano José Luis Ponce Aquino, contra un grupo de comerciantes y oficiales de la campaña de Peña, por un presunto fraude monumental.

Aquino, como aparece en el expediente, habría comprado espacios publicitarios a periódicos, revistas, cadenas de radio y canales de TV de Estados Unidos -aun no se sabe cuántas y en qué estados- para pautar comerciales en favor de Peña, autorizado por el secretario de Comunicación y Propaganda del CEN del PRI, Roberto Calleja, y por el vocero de la campaña, David López Gutiérrez.

Las negociaciones -en las que participaron al menos dos intermediarios- derivaron en sendos contratos para la prestación de servicios profesionales de 15 millones de dólares, monto que al final casi se cuadruplicó.

Las empresas de Aquino, sin embargo, son fantasmagóricas. Frontera Television Network, de acuerdo con los registros oficiales del Secretario de Estado de Nevada, se dio de alta hace ocho meses. Y los canales que tendría bajo su administración son dos apenas estaciones, KTVJ Canal 36, de Santa Rosa, y K14OD, Canal 4, de San Bernardino, ambos en California, cuyo permisionario original es Joseph Fiori, un experto en telecomunicaciones residente en el área de San Francisco.

Apenas hace un año, el dueño de Fiori Media Inc. traspasó su permiso a Frontera Television Network LLP, la empresa que originalmente colocaría los spots de Peña que verían los mexicanos residentes en la Unión Americana en espectaculares, medios electrónicos, Internet y redes sociales.

Ha lugar el sospechosismo. La empresa de Aquino fue registrada en Las Vegas el 24 de octubre del 2011 y el trato que habría firmado con sus clientes priístas se habría concretado el 28 de noviembre con la mediación de la empresa GM Global y su representante, Giselle Morán Jiménez.

El empresario mexico-americano sostiene que el secretario particular de Peña Nieto, Edwin Lino, y David López vetaron a Frontera Television Network, por lo que el contrato fue reasignado a Intellimedia, otra de sus compañías supuestamente dedicada a la compra de contenidos y espacios publicitarios en canales de Estados Unidos, pero asentada en Mexicali, Baja California.

Este nuevo contrato tendría como contraparte al director de Confederación de Porcicultores Mexicanos, Alejandro Ramírez. Esa organización, cuyo presidente es el empresario Rigoberto Espinoza Macías, de La Piedad, Michoacán, está afiliada al Consejo Nacional Agropecuario y serviría como fachada -sobre todo en términos fiscales- para ocultar al PRI.

La parte más enredada de la historia que ayer Aquino hizo pública es la que involucra a la empresa Jiramos; a los empresarios Mario Ignacio Morán Jiménez, Hugo Vigues y Alejandro Carrillo Garza-Sada, así como a los abogados Pepe y Alfredo Carrillo Chont­kowsky, este último de buena fama pública, como brokers del plan de medios que fortalecería la imagen y posicionamiento de Peña Nieto en Estados Unidos.

Es una extorsión del tamaño de una catedral , sentenció Eduardo Sánchez, vocero del CEN del PRI, quien admitió que a finales del año pasado, Carrillo Garza-Sada propuso un plan de medios al equipo de campaña de Peña Nieto. Se le dijo que no porque la ley lo prohíbe , acotó. Del asunto no volvieron a saber hasta hace dos meses, cuando el abogado Francisco Javier Torres González, quien se ostentó como Director Adjunto de Grupo Financiero Inbursa, demandó -a nombre de Aquino- una indemnización de 5 millones de dólares, a cambio de no hacer un escándalo .

Este escándalo opacó la presentación del general colombiano Óscar Naranjo como asesor de Peña Nieto en materia de seguridad, un evento que su equipo había planeado durante semanas.

El caso quedó registrado en la foja 5:2012cv00920 de la Corte del Distrito Central de California, para que sea resuelto por la jueza Virginia A. Phillips.

EFECTOS SECUNDARIOS

FALTANTE. Después de semanas de arduas negociaciones, el Instituto Electoral de Tabasco logró que los tres contendientes por la gubernatura -el panista Gerardo Priego, el priísta Jesús Alí de la Torre y el perredista Arturo Núñez Jiménez- confirmaran su asistencia al debate, que tendrá lugar el próximo domingo en la sede del órgano electoral. Tendrá una duración de una hora con 47 minutos y estará moderado por el locutor Pedro Cano Olan, de la estación de radio XEVA. La participación de cada uno de los tres aspirantes se llevará a cabo por sorteo y el formato será el mismo que se utilizó en el segundo debate presidencial, por lo que tendrá cada uno tres minutos para un mensaje inicial, siete minutos para cada tema y tres más para un mensaje final. Las réplicas y contrarréplicas las podrá hacer cada candidato durante sus siete minutos de intervención. Será Televisión Tabasqueña (TVT) quien genere la señal inicial y de ahí cada medio electrónico que lo requiera podrá tomar. Lo curioso es que a esa misma hora tendrá lugar el segundo debate entre Beatriz Paredes Rangel, Isabel Miranda de Wallace y Miguel Ángel Mancera, quienes aspiran a la Jefatura de Gobierno del DF.