Sin duda, uno de los elementos con los que debe contar una economía para que ésta opere eficientemente y experimente un proceso sostenido de crecimiento económico es que dentro del marco institucional haya certeza por parte de los agentes económicos de que los derechos privados de propiedad estarán eficientemente definidos y efectivamente protegidos por un Poder Judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito, un Poder Judicial que garantice el cumplimiento de los contratos, tanto entre agentes privados como entre éstos y el gobierno.

Douglass North, premio Nobel de Economía, consignó en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico: ... la inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a los países del tercer mundo, así como del actual subdesarrollo de estos países .

Un contrato es el acuerdo entre dos partes en donde se establecen las condiciones que regirán la transferencia de los derechos de propiedad sobre un recurso o servicio, así como las penalidades para ambas partes en caso de incumplimiento. Si las partes que entran en un contrato, sea éste civil o mercantil, no tienen la garantía de que, en caso de que una de ellas viole el contrato, la afectada podrá acudir ante el Poder Judicial independiente e imparcial para que sea éste el que garantice y obligue a la parte violatoria a cumplir con el contrato, ya que de lo contrario, el riesgo implícito de obtener el rendimiento esperado sobre los activos propiedad de la empresa será mayor. Si esta garantía no se le otorga a los inversionistas por parte del Poder Judicial, el rendimiento exigido ex ante para llevar a cabo los proyectos de inversión será mayor, lo que se traducirá en una menor inversión en la economía y en menor crecimiento económico.

Y ésta es una de las graves deficiencias que tenemos en México. Nuestro sistema judicial no ofrece certeza jurídica de que los contratos se van a cumplir y ello es parte de la explicación de por qué la economía no crece a mayores tasas. En el Índice de Libertad Económica, elaborado por el Instituto Fraser, en el apartado correspondiente al Poder Judicial se reportan las siguientes calificaciones: independencia judicial: 3.69; imparcialidad de los tribunales: 3.74; protección de los derechos de propiedad: 4.88; integridad del sistema jurídico: 3.33; cumplimiento legal de los contratos: 5.39.

Aunando a lo anterior, tenemos otro problema importante en materia judicial: los jueces federales no saben economía, por lo que sus decisiones son, en ocasiones, erróneas. Además, es común que en litigios en materia económica tomen sus decisiones más por cuestiones procedimentales que por razones de fondo. Dos casos recientes: las importaciones de acero provenientes de China y el caso de Mexicana de Aviación.

En el caso de las importaciones de acero, es inaudito que un juez de distrito en Saltillo, Coahuila, ante un amparo promovido por el sindicato minero, haya otorgado la suspensión definitiva en contra del decreto que elimina los aranceles, tal como se comprometió México cuando China se integró a la OMC.

En el caso de Mexicana, es también inaudito que el juez encargado del concurso mercantil haya decidido violar la ley en la materia al extender indefinidamente el proceso aun cuando en la misma se establece un máximo de un año.

Sin certeza jurídica, no hay desarrollo económico. A ver cuándo les cae el veinte.

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