Esta semana en la Asamblea General de la ONU los líderes del mundo adoptaron una declaración en la que reafirman la importancia del Estado de Derecho. 1) El Estado de Derecho es la base de la construcción de una sociedad justa y de la relación equitativa entre las naciones. 2) Los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia están interconectados y se refuerzan mutuamente, ya que forman parte de los valores fundamentales de la ONU. 3) Todas las personas, instituciones y entidades son responsables de reglas justas y equitativas, así como poseedoras de un derecho inalienable de igualdad frente a la ley sin discriminación alguna. 4) La relación entre el Estado de Derecho y un desarrollo sostenido e incluyente es muy estrecha. Ésta es la primera reunión de alto nivel en esta asamblea dedicada a este tema tan importante a nivel nacional e internacional.

Algunas de las amenazas más complejas que enfrentamos como el crimen organizado y el narco requieren de un Estado de Derecho efectivo para ser atendidas a nivel nacional e internacional. Y ¿cuál es el prerrequisito para un Estado de Derecho sólido? La independencia, imparcialidad e integridad del Poder Judicial y de las demás instituciones involucradas con el sistema de administración de justicia.

El año pasado, el World Justice Project publicó el Reporte 2010 del Índice del Estado de Derecho . ¿Cómo está evaluado México?

Básicamente sale reprobado en todo. Y si comparamos nuestros resultados con otros países de la región o con otros países de nivel de ingreso similar, salimos en último lugar.

En el caso específico del acceso a la justicia, nuestro sistema está fallido. De acuerdo con este reporte no se respeta en general ni el debido proceso ni las garantías del acusado. El sistema judicial no está libre de influencia indebida, no es imparcial, no es efectivo y no es eficiente. Los ciudadanos no tienen acceso a una defensa legal ni a los tribunales.

En el programa de acción para fortalecer el Estado de Derecho, el Secretario General de la ONU pidió que los estados miembros hicieran compromisos específicos en esta área. El 24 de septiembre México hizo el compromiso de capacitar a jueces y MP para la adecuada implementación de la reforma constitucional relacionada con derechos humanos publicada en el 2011.

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