De los años 60 hasta los 90, la participación el sector primario en la economía fue disminuyendo gradual y constantemente. Aunque este proceso tiene diversas causas, como la reducción en los precios internacionales y nacionales (esta última en parte para inducir el crecimiento industrial, con la política de sustitución de importaciones y disminuyendo los recursos públicos en infraestructura para el sector), el diagnóstico apuntaba a la disminución del tamaño de las parcelas provocado por el reparto agrario y la baja productividad de los ejidos

Para 1992, Arturo Warman destaca que se repartieron poco más de 100 millones de hectáreas en 30,000 ejidos, a 3.1 millones de jefes de familia. La reforma constitucional de 1992, buscó devolver a los dueños de la tierra libertad para tomar sus decisiones, al renunciar el Estado a dirigir la producción y a repartir la tierra. Se establecieron instituciones y procedimientos para que los ejidatarios y comuneros que así lo decidieran pudieran darle el carácter privado a sus parcelas. Los efectos de la reforma tardarían en sentirse, ante la serie de cambios normativos e institucionales que implicó y porque la apreciación cambiaria no hacía evidente la rentabilidad de los productos en los que México es competitivo.

Desde mediados de la primera década de este siglo se viene dando un crecimiento en las exportaciones agropecuarias. Los avances en infraestructura de comunicaciones, el entramado de sanidad, inocuidad y certificaciones, han permitido al sector primario registrar más crecimiento que el resto de la economía en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo que no se veía desde los años 50.

Existe un potencial en el sector. La posesión de una parte significativa de la tierra en pequeñas propiedades, con prácticas de cultivo tradicionales y en manos de productores de edad avanzada, no permite ser más productivos. La tierra es un factor dinámico cuyo rendimiento puede subir con inversión o deteriorarse si no se le devuelven los nutrientes de los cultivos. Las exportaciones hortifrutícolas y ganaderas requieren de importantes inversiones asociadas a la tierra que llevan a mayores volúmenes por hectárea y más kilos por litro de agua.

La reforma de 1992 no buscó abolir la propiedad comunal, ni ejidal, sino permitir a los productores tomar sus propias decisiones. Si bien, el proceso para llegar al dominio pleno es muy largo, hay que reconocer que los ejidatarios aún no cuentan con la red de protección que resuelva uno de los objetivos del artículo 27. La reforma dio lugar a la renta, que ha proliferado, pero ofrece horizontes de tiempo casi siempre cortos para permitir que maduren los proyectos, además del riesgo de que no se respete el arreglo, lo que también inhibe las inversiones.

Se debe avanzar en esquemas asociativos, que permitan incorporar a los dueños de la tierra en cadenas exitosas. En FIRA hemos apoyado esquemas de desarrollo de proveedores, bajo agricultura por contrato, aparcería y asociación. Bajo estos arreglos se puede hacer un uso más eficiente de la tierra bajo una política inclusiva. Si se contara con el dominio pleno, sería mucho más fácil para los productores acceder al crédito.

Cien años de Constitución nos permiten ver que las circunstancias han cambiado; las políticas y la Ley han evolucionado para adaptarse a las circunstancias. Se debe fortalecer la red de protección de la población del medio rural y ofrecerles alternativas para salir de la pobreza. Si bien el marco actual permite un desarrollo inclusivo que es importante impulsar, el marco legal puede facilitar la creación de mayores oportunidades de buenos empleos en el sector agroalimentario, como los que hoy en día se ofrecen en el Bajío con las armadoras de autos.

*Rafael Gamboa González es el Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).