El centenario de la Constitución de 1917 nos permite revisar su evolución y efectos en el sector agropecuario con respecto al artículo 27. Vale la pena esta conmemoración para repasar el objetivo en lo económico de este marco constitucional y los efectos que generó. Si bien para el sector agropecuario, este marco sólo sufrió una reforma, los resultados dependieron tanto del entorno internacional como de las políticas nacionales. Ello constituye una base para reflexionar sobre lo que sigue

Con el precepto establecido en 1917, el gobierno emergido de la Revolución honró el lema zapatista La tierra es de quien la trabaja , dando pie a la reforma agraria.

La demanda a la que respondió dicho artículo es al proceso que se vivió desde la Colonia del apoderamiento de las tierras de las comunidades indígenas por los españoles (primero), criollos (posteriormente), extranjeros y mestizos (desde el Porfiriato).

Políticas liberales aceleraron este proceso al final del siglo XIX. Andrés Molina Enríquez ilustró hace 118 años que al privárseles de tierras, las comunidades de los habitantes originales perdieron su espacio de manutención, tornándose más vulnerable su ya de por sí precaria situación. En esta condición de miseria, sumada al resentimiento ancestral, tuvo eco el llamado a la Revolución, bajo el que se tomaron las armas buscando la reivindicación.

Así, hay dos objetivos económicos en el precepto constitucional. Por una parte, la tierra en manos de la comunidad es una red de protección, como también lo menciona Enrique Cárdenas, congruente con el uso principalmente para el autoconsumo, como se sigue viendo aún a 100 años de la reforma agraria.

Asimismo, como lo ilustra el lema zapatista, la tierra es un factor de la producción que además de evitar que se carezca de alimento y vivienda, es una fuente de valor.

Ambos objetivos no son incompatibles y se asocian con el desarrollo económico, pero emplear un instrumento para lograr dos objetivos en economía generalmente lleva a resultados subóptimos.

Con el sustento constitucional y hasta 1992 se repartió la mitad del territorio nacional. El proceso de reparto no fue uniforme ni continuo, respondiendo a distintas realidades, y con efectos económicos que variaron en el tiempo. Bajo la redacción original del Artículo 27, los primeros gobiernos surgidos de la Revolución repartieron lo necesario para atender el primer objetivo y contener a los campesinos principalmente de la zona zapatista, así como extendiendo la colonización de tierras no explotadas hasta entonces.

Jean Meyer indica que se repartieron 10 millones de hectáreas entre 1915 y 1933 en 4,000 ejidos, principalmente integrados en parcelas individuales de 4 a 10 ha.

En este periodo continuó la producción en grandes propiedades, muchas de ellas dedicadas a la exportación.

La crisis económica internacional afectó las exportaciones del sector agropecuario, lo que contribuyó al estancamiento de la economía y dando pie a conflictos entre los propietarios de la tierra y sus trabajadores.

Alan Knight expone que Lázaro Cárdenas retomó el reparto agrario como su política clave entre 1936 y 1937, entendiéndola como la base para promover el desarrollo económico del país.

Para mediados de los 60, Edmundo Flores reportaba 54 millones de ha repartidas desde 1915.

La movilidad de la tierra (como sucedió con las leyes de reforma) revigorizó el uso del factor, incorporando más tierra a la superficie de cultivo, que rindió frutos y dio paso a casi dos décadas de crecimiento del sector primario superior al resto de la economía. Destacaron en dicho periodo los productos exportables, llevando la participación del sector en las exportaciones a la mitad del total.

*Rafael Gamboa González es el director general de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).