Políticamente, éste es el mejor momento para la persecución de actos de corrupción.

Vemos, por ejemplo, cómo la Cámara de Diputados aprovecha el poco tiempo que le quedaba del último periodo ordinario de la Legislatura, no para sacar adelante todos los cientos de pendientes que arrastraron durante prácticamente tres años, sino para desempolvar las cuentas públicas de este sexenio en busca de un pretexto para golpear al gobierno y con él, a la candidata de su partido.

En menos de una semana revisaron las cuentas del 2008 y el 2009 y los cañones apuntaron hacia Vázquez Mota porque, electoralmente, eso conviene a la mayoría opositora en el Congreso.

Ya obtuvieron atención mediática a su caso con el tema de Enciclomedia y, aunque no logren probar ninguna irregularidad, el objetivo está cumplido con dejar la duda en algunos de los potenciales votantes.

Si obtienen pruebas de sus dichos, tendrán un caso espectacular; pero, si acusaron sin fundamento, será una vez más en que la protección del fuero les permita acusar sin tener prueba alguna, como tantas veces sucede en este país.

Ahí está, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, quien este fin de semana afirmó – según su periódico favorito – que el gobierno del Estado de México desvía recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto.

El examoroso y ahora belicoso candidato de las llamadas izquierdas tiene la obligación de probar sus dichos, tanto como el gobierno de Eruviel Ávila tiene la obligación no de demostrar lo contrario, sino de demandar al aspirante presidencial a que pruebe lo que dice, so pena de enfrentar un proceso por difamación y calumnia.

Pero lo más probable es que no pase absolutamente nada y ésta sea una más de las efusiones verbales del reincidente candidato a la Presidencia.

También están los candidatos a diputados y senadores del PAN que usan los millones de spots que se aprobaron en la reforma electoral para decir que el puente del compromiso ciento veintitantos de Peña Nieto no está terminado.

Los del PRI usan todo ese tiempo para asegurar que vivimos en la peor crisis económica de la historia y ninguno se toma la molestia de plantear qué harían para destrabar la parálisis legislativa de más de 15 años.

Ahora, si todos estos casos descritos que carecen de mayores fundamentos que el abuso de la impunidad para declarar y no pasa nada son útiles, ¿qué esperar de al menos un par de expedientes abiertos que sí pueden dar evidencias de actos de corrupción con más fundamento?

El primer caso muy incómodo para el PRI es la corrupción que implicó el sobre endeudamiento del estado de Coahuila. En los tiempos en que gobernaba el expresidente nacional de ese partido, Humberto Moreira, no solo se comprometió el futuro de la entidad con una deuda descomunal, sino que habría elementos para iniciar procesos penales.

Al menos en Estados Unidos, el caso ya ha implicado el inicio de una investigación en contra del extesorero de ese gobierno, que es como aire fresco para los opositores al PRI.

Y, del otro lado, el caso de Walmart y su proceso de expansión acelerada vía la extorsión promete no dejar a salvo a ningún partido político. El lapso que se investiga corresponde a los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

Hay, por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón una tienda de esa cadena que fue autorizada por el grupo perredista que controla la delegación desde hace años para construir en una zona protegida, junto con un fraccionamiento. Siempre pareció extraño, hoy podríamos saber la verdad de lo que ocurrió en ese predio.

Y la autoridad federal responsable de los permisos ecológicos también tendría mucho que explicar en este acelerado proceso de crecimiento de la minorista estadounidense.

Serán 60 días de un acelerado proceso de investigación en muchos casos abiertos. Es muy probable que en las semanas por venir podamos saber mucho más de estos presuntos actos criminales que todo lo que nos pudimos haber enterado hasta este punto del sexenio.

Además de muchos otros petardos y obuses que todavía no conocemos en este momento. Pero es un hecho que los expedientes judiciales están jugando, como de costumbre, en las ambiciones de poder de los partidos.

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