El Estado de México es aparador del más acendrado desorden urbano. La ocupación del territorio se caracteriza por un patrón de dispersión y ausencia de regulación, de degradación de la vida cívica, del medio ambiente y del paisaje. La urbanización ocurre de forma horizontal y expansiva, en densidades cada vez menores, donde sobresalen construcciones irregulares (de tabicón gris y con varillas expuestas coronadas por botellas de PET) que han impuesto la fealdad como rasgo prominente de buena parte del paisaje suburbano mexiquense. El espectáculo que ofrece el valle de Lerma–Toluca es sobrecogedor.

En el caos urbano inciden igualmente políticas federales y estatales de vivienda con una lógica perversa de construcción de desarrollos habitacionales alejados y aislados de las ciudades que buscan los menores costos posibles del suelo. También, la falta de regulación y de legalidad en los usos del suelo a nivel municipal así como la corrupción y debilidad institucional de los municipios, que hace que las edificaciones ocurran en gran medida sin control sobre parcelas agrícolas ejidales, comunales o de propiedad individual. Por su lado, los fraccionamientos de interés medio y alto constituyen guetos amurallados, escindidos de toda estructura y funcionalidad urbana, que destruyen el tejido de la ciudad e imponen condiciones inaceptables de segregación e inseguridad. Todo esto tiene como marco programas de desarrollo urbano municipal ajenos a una visión de sustentabilidad y eficiencia urbana, que privilegian bajas densidades y pocos niveles de edificación.

El crecimiento horizontal y la ocupación territorial por parte de manchas urbanas dislocadas y dispersas se han dado a tasas mucho mayores a las del incremento de la población, al grado de que en Toluca la población ha crecido en 30 años en 3.4 veces, pero la extensión urbanizada, en casi ¡27 veces!

Esto es un proceso insostenible, con enormes costos territoriales y una huella ecológica de gran magnitud. También implica una extraordinaria ineficiencia, en la medida en que el patrón disperso y desordenado de urbanización significa mucho mayores costos de provisión y mantenimiento de infraestructuras y de servicios así como de traslado y accesibilidad para la ciudadanía. Este patrón de crecimiento está asociado con costos muy considerables de transporte para la población mexiquense, con la prevalencia del auto privado como medio de movilidad así como con muy largos tiempos de recorrido que repercuten en mermas importantes en el ingreso disponible (después del pago de transporte), en la productividad y en la calidad de vida de la población.

Por todas estas razones, es esencial que los candidatos a la gubernatura asuman la necesidad de una profunda reforma urbana en el Estado de México, que apunte hacia capacidades estatales eficaces de regulación del desarrollo urbano; una nueva política de vivienda, tendiente a la densificación e integración a servicios, fuentes de empleo, instituciones educativas, y a medios de transporte, y a una estricta regulación territorial y urbana que ponga fin al patrón de crecimiento ilegal, disperso y caótico.

Deben, asimismo, revisarse los programas municipales de desarrollo urbano, con una visión de densificación, llenado de vacíos espaciales, verticalidad, diversidad en los usos del suelo, liberación de áreas para nuevos espacios públicos así como para facilitar la conectividad y funcionalidad de sistemas de transporte colectivo. Esta revisión debe plantear límites claros a la expansión urbana de ciudades y pueblos sobre tierras de cultivo, bosques y otras zonas de valor ambiental, y, por supuesto, mecanismos de coordinación metropolitana. Por último, deben modernizarse el catastro urbano y el registro público de la propiedad y acoplarse a la reestructura del Impuesto Predial para permitir mayores ingresos a los municipios e incentivos a un desarrollo urbano eficiente y sostenible.