El Artículo 35 de la Constitución consagra el derecho fundamental de todo ciudadano para votar y ser votado para un cargo de elección popular, el cual forma parte de los derechos civiles y políticos reconocidos a nivel internacional. No obstante, en la vida política y electoral de México, tal prerrogativa no ha sido plenamente reconocida.

En efecto, los derechos civiles y de participación política son considerados derechos humanos de primera generación, ya que consagran la prerrogativa fundamental de los ciudadanos para participar y formar parte de la vida pública nacional.

Los derechos políticos o de participación ciudadana contribuyen a la formación y afianzamiento de la conciencia democrática y al establecimiento de un Estado democrático de Derecho.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo ciudadano, sin distinción de raza, color, sexo, religión o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, tiene el derecho inalienable de participar en la Dirección de los Asuntos Públicos y votar y ser elegido en elecciones periódicas.

En las observaciones generales del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, se estatuye que el derecho establecido en el artículo 25 del citado pacto internacional no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos constituyen derechos fundamentales del ser humano y que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en el Pacto de San José que, en conjunto, contribuyen al desarrollo democrático nacional y el afianzamiento del Estado de Derecho.

En ese entendido, el derecho fundamental de votar y ser votado debe ser respetado por el Estado mexicano al ser obligatorio también con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio del 2011.

En contraste al derecho fundamental del ciudadano para participar en la vida pública nacional, establecido tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales adoptados por México, aparece la llamada partidocracia, que se traduce en el control del sistema democrático por parte de los partidos políticos, ejerciendo el monopolio de las candidaturas partidistas que se remonta a la ley electoral de 1946, en la que se restringió el derecho únicamente en favor de los partidos políticos, postura confirmada por la Ley Federal Electoral de enero de 1973 y la reforma política de 1977, a pesar de que el Artículo 35 constitucional, como se ha apuntado, reconoce el derecho de todo ciudadano de votar y ser votado.

Sin embargo, el tema de las candidaturas independientes retomó fuerza cuando Jorge Castañeda intenta postularse como candidato independiente a la Presidencia de la República en el 2004.

Cobra relevancia que hayan sido Sonora y Yucatán los que sentaron precedente en el tema a través de las reformas realizadas a sus respectivos códigos electorales incorporando la figura de la democracia participativa, empero, no pudo rendir frutos dada la reforma del 2007.

No conforme con la exclusiva titularidad de los partidos para registrar candidatos, la reforma electoral del 2007 estableció en el Artículo 116, fracción IV, e), de la Constitución, el derecho exclusivo de los partidos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular a nivel estatal.

Queda claro que los partidos políticos en México coartan la participación ciudadana en la vida democrática del país. Asimismo, a través de dicha reforma electoral, los partidos mayoritarios antepusieron una vez más sus intereses a los de la sociedad, negando la apertura de opciones para la elección.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un intenso debate en la sesión plenaria de fecha 8 de julio del 2008, se pronunció al respecto y se reflejaron distintas posturas:

-Los ministros Valls, Gudiño y Azuela­ sostuvieron que la Constitución no da cabida a las candidaturas independientes y, consecuentemente, se deben entender prohibidas por lo que el legislador no puede­ establecerlas.

-Los ministros Góngora Pimentel y Silva Meza se pronunciaron en favor de las candidaturas independientes, sustentadas en los derechos políticos garantizados en la Constitución y en los compromisos internacionales.

-Por último, los ministros Cossío y Olga Sánchez, que coincidieron con la validez del artículo 218 del Cofipe, por lo que finalmente, por mayoría de votos, la Corte validó dicho precepto y, como consecuencia, el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar a los candidatos.

A nivel mundial, 21 países entre ellos México no permiten las candidaturas independientes a cargos de elección popular, 29 estados aceptan las candidaturas independientes únicamente para Presidente y dicho número aumenta tratándose de elecciones para una determinada Cámara.

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