Entre lo increíble y lo inverosímil, hay un océano de matices que los elementos del grupo antimotines de la Policía Federal nunca lograrán llenar. Sin armas de fuego, sólo con sus tácticas disuasivas consiguieron desalojar las minas de Pasta de Conchos y Cananea que mantenían ocupadas trabajadores del sindicato minero desde hace tres años.

Saldo blanco , reportó la Secretaría de Gobernación. Ni heridos ni disturbios en las acciones de la fuerza pública, casi simultáneas del pasado domingo 6. Una mentira piadosa, pero insultante.

Concluido el operativo (en Cananea), se registró un incendio provocado por gasolina en recipientes de vidrio, en un edificio de almacén que se encuentra abandonado afuera de la mina reportó Gobernación fue controlado sin provocar daños a persona alguna ni afectaciones mayores. Se están realizando las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por los hechos .

Las fuerzas federales llegaron a Hermosillo, Sonora, el sábado, muy temprano, a plena vista de los periodistas y los intelectuales que se trasladaron a la capital sonorense, por el primer aniversario de los hechos trágicos de la guardería ABC, quienes fueron incapaces de detectar las razones de su presencia. Les hubiera pasado lo mismo, de haber estado en Cananea. Para cualquier fuereño, la mina parecía estar abandonada; con los espesadores y las chimeneas totalmente oxidadas. En realidad, su estado era de una inexorable extinción.

La única señal perceptible, antes de la acción policiaca, fue el desalojo de El Ronquillo, el centro hospitalario que se erige a menos de 100 metros del acceso principal a la mina. Antaño, era uno de los mejores en la región y ofrecía cobertura a los mineros. Era famoso porque en él se podían conseguir medicamentos de marca , incluso importados. Con la huelga, había quedado en manos del Seguro Popular y la población lo había relegado. Para las 6 de la tarde de ese sábado trágico, los pacientes de El Ronquillo se habían refugiado en el Hospital General. La sincronización de las fuerzas federales con el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías se benefició del sigilo y la cautela. Antes del operativo, Cananea subsistía, lánguida. Inerte. Salvo algunos hoteles americanizados con buen servicio, el comercio en el municipio estaba tocado de muerte. Más de 70% de los locales empadronados por las cámaras locales cerró, en el último trienio.

A primera vista, todo lucía normal, tanto en la cabecera municipal como en las colonias aledañas a La Mexicana de Cobre. Pero cuando uno se acercaba a la mina, se adentraba a un pueblo fantasma. Edificios vacíos, con puertas rotas y vidrios rotos. Huellas de incendios... La huelga de los mineros arrasó con todo. La tasa de divorcios aumentó 40% desde que cerró la carbonífera. Muchas mujeres no quisieron seguir a sus maridos en esta aventura condenada irremediablemente al fracaso.

A las puertas de la mina, había un pequeño campamento, donde no había más de una docena de extrabajadores. Eso sí, huraños, a la defensiva. Nadie hablaba, sin que le dieran permiso. Si alguien quería saber algo, tenía que hablar con El Chicles, una especie de vocero de la Sección 65, que más bien era un personaje ficticio, figura ad hoc para esquivar a cualquier intruso o espía.

Imposible darse cuenta que la mina llevaba tres años cerrada. El estacionamiento siempre estaba lleno. Al mediodía siempre aparecía una camioneta Chevrolet Silverado Guinda de doble cabina, conducida por el encargado de pasar lista. Los sindicalizados leales a Napoleón Gómez Urrutia recibían una paga de 3,000 pesos cada quincena. Muchos ya estaban desgastados. Hartos. Nostálgicos de aquellos años en los que llegaron a percibir 130,000 pesos, tan sólo en el reparto de utilidades.

La acción policiaca inició el domingo 6, a las 4 de la tarde. Hubo resistencia. Los mineros, como estaban adiestrados, volaron uno de los camiones Tonka con los que mantenían bloqueado el acceso principal. Estaba lleno de pólvora, como el resto.

Había palas de carga (las famosas mano de chango) ponchadas o con las llantas quemadas, para bloquear accesos pequeños. Y todo el contorno de la mina está cubierto por unos camiones colosales de carga y palas de las mismas dimensiones con botes de diesel entre cada uno. La orden era incendiarlos, en caso de que irrumpiera el Ejército o las fuerzas federales. Eran pocos huelguistas y muchos policías. Fue un milagro que no hubiera ocurrido una tragedia. En Pasta de Conchos, por el contrario, las fuerzas federales contaron con el apoyo de la policía local, pero encontraron más resistencia.

Las autoridades calderonistas hacen mal al jactarse del saldo blanco de estos operativos casi simultáneos. Y deberán preo­cuparse por sus efectos secundarios. El primero –y más importante– es el rompimiento de la interlocución con los líderes del llamado sindicalismo independiente .

En Gobernación, convencidos de que éstos simpatizan con movimientos radicales, ni se acongojan. En la Secretaría del Trabajo, menos. Javier Lozano seguirá con sus apapachos a los líderes excroquistas y de las pequeñas agrupaciones aglutinadas en la Alianza Nacional Mexicana. Por lo pronto, el movimiento obrero y campesino independiente se prepara para la resistencia civil.