Es ampliamente reconocido que la principal fuente de crecimiento económico sostenido de una nación es el avance tecnológico en los procesos de producción. La introducción de nuevas tecnologías de producción, equivalente a una reducción de costos, permite incrementar la cantidad y la calidad producida de bienes con los mismos recursos disponibles.

En la historia de la humanidad se pueden identificar tres grandes revoluciones tecnológicas. La primera, hace 8,000 años, fue la agrícola, que implicó la aparición formal de la agricultura y repercutió en una aceleración del crecimiento de la población y la aparición de las ciudades. La segunda fue la que se conoce como Revolución Industrial, ocurrida hace alrededor de 300 años, misma que permitió la generación de rendimientos crecientes en la producción y la ampliación de la producción en procesos industriales caracterizados por la especialización. Finalmente, la tercera grande revolución es la cibernética, misma que se empezó a generar hace 70 años. Estas tres revoluciones tecnológicas son las que han permitido un significativo incremento en el valor agregado de la producción mundial y, más importante aún, un aumento en el nivel de bienestar de la población.

En un mundo en donde impera la competencia es claro que uno de los elementos que le permiten a las empresas mantener o inclusive aumentar su ventaja competitiva es una reducción de los costos de producción, a través de la introducción del cambio tecnológico. Es por ello que están dispuestas a invertir recursos en el financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología.

Además de lo anterior, el reconocimiento que existe al nivel mundial de la importancia de fomentar el cambio tecnológico fomenta que los gobiernos destinen recursos públicos para el financiamiento de la investigación, particularmente a través de las universidades.

De esta manera, podemos observar que en los países desarrollados al igual que en muchos de desarrollo medio alto, como Brasil, Corea del Sur, Israel, Chile, Rusia y otros, el gasto agregado en investigación es cercano a 3% del PIB. En México, es de únicamente 0.4% del PIB. El argumento que tradicionalmente se utiliza para explicar el porqué en México se gasta tan poco en investigación científica y tecnológica es que el gobierno no destina los suficientes recursos públicos a este rubro. Aunque el argumento tiene validez, no es suficiente. Hay, en realidad, un problema de incentivos.

¿Por qué las empresas en México, salvo muy pocas excepciones, como son Cemex o América Móvil, simplemente no invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Por qué en México es extremadamente rara la realización de convenios entre empresas y universidades, en donde las primeras financian la investigación y obtienen los frutos del ingreso que se derivaría del desarrollo tecnológico? ¿Por qué el registro de nuevas patentes por parte de mexicanos, sean empresas o centros de investigación, es prácticamente inexistente? ¿Es un problema de falta de incentivos fiscales en el país? ¿No existe una masa crítica de investigadores en ciencia y tecnología en el México?

Son preguntas que requieren una respuesta, porque lo que sí es claro es la obsolescencia tecnológica en México, lo que explica en gran medida por qué durante las últimas dos décadas no ha habido un crecimiento de la productividad de los factores de la producción y por qué la economía no crece.

ikatz@eleconomista.com.mx