Confrontar con eficacia el calentamiento global implica una transformación económica y financiera sin precedente. Bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos financieros internacionales deberán reorientar sus políticas y prácticas en un escenario de menores tasas de crecimiento económico, riesgos físicos inéditos en la economía real (inundaciones, sequías, elevación del nivel del mar, ciclones, etc.), así como de devaluación de activos y mayores costos de operación, volatilidad de mercados, cambios tecnológicos disruptivos, y conflictos legales por pasivos ambientales y compensación de daños a terceros atribuibles al cambio climático. Se trata de una modificación sistémica en los flujos de capital hacia actividades económicas de bajas o nulas emisiones de Gases de Efecto Invernadero concurrentes con los objetivos del Acuerdo de París, de no permitir que el aumento en la temperatura promedio global supere los 1.5 – 2.0 grados centígrados. Todo ello exige reformas estructurales para lograr una recuperación económica verde (después de la pandemia), y para poner fin a la era de los combustibles fósiles.

De entrada, se requiere que organismos financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, BID) y los ministerios de finanzas apliquen nuevas métricas para el progreso económico que integren una dimensión climática y ambiental. Luego, que los bancos centrales reconozcan al calentamiento global como un riesgo material a la estabilidad financiera, y asuman políticas explícitas para incorporar el cambio climático en los objetivos de estabilización económica. Los mercados de valores deben demandar reportes serios a las empresas sobre su exposición a riesgos climáticos y sobre políticas de des-carbonización, que incluyan representantes ambientales y climáticos en sus consejos de administración, y que vinculen la remuneración de sus ejecutivos al cumplimiento de objetivos de reducción de GEI. Las agencias calificadoras tendrán que incluir los riesgos climáticos en sus metodologías, mientras que inversionistas institucionales y fondos soberanos deberán alinear sus portafolios de inversión con los objetivos del Acuerdo de París.

Bancos Centrales y otros reguladores financieros necesitarán crear una taxonomía específica para clasificar activos e inversiones en “obscuras” o “verdes”, con la finalidad de des-carbonizar sus balances. Esto, aparte de instrumentar facilidades cuantitativas (quantitative easing) proveyendo liquidez para empresas y proyectos verdes, formular mecanismos de refinanciamiento con menores tasas de interés para inversiones verdes, y capitalizar bancos de desarrollo y fondos de inversión nacionales con una orientación de sustentabilidad climática, siendo además compradores de última instancia de bonos verdes a largo plazo. Los bancos centrales y organismos financieros internacionales también requerirán introducir mayores porcentajes de reserva de capital a activos obscuros o contaminantes, y penalizarlos con exigencias más grandes de colateral. En paralelo, los ministerios de finanzas deberán imponer un mandato de sustentabilidad en las carteras de los bancos nacionales de desarrollo (en México, Nafin, Banobras), crear fondos de inversión con una visión climática expresa, expandir los mercados de productos y servicios sustentables a través de políticas de compras gubernamentales, y construir capacidades institucionales para el diseño de políticas industriales y proyectos de infraestructura que guarden correspondencia con el Acuerdo de París. Igualmente será preciso que determinen una moratoria indefinida a inversiones públicas en combustibles fósiles. Y, sobre todo, tendrán la gran responsabilidad de emprender una reforma fiscal verde, estableciendo un significativo impuesto al carbono (carbon tax) a los combustibles fósiles, en tándem con una reducción en los impuestos al ISR.

Todo lo anterior, que suena ininteligible para un gobierno como el que padece ahora México, es esencial para un desarrollo económico sostenido y para minimizar las consecuencias catastróficas del cambio climático.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.