La función del abogado resulta fundamental en el desarrollo de la sociedad y en la consecución de la justicia como base de la construcción de la democracia de un país, por lo que debe existir una relación sustancial entre el ejercicio de la abogacía y las normas de ética profesional, dado que el profesional del derecho tiene una función social esencial y necesaria para obtener la justicia y el bien común dentro de la sociedad.

Los abogados siempre han jugado un papel sumamente importante en el establecimiento del Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones y la propia democracia. Sin la función del abogado no es posible que en una sociedad exista un verdadero acceso a la justicia.

Ante ello, no sólo debe considerarse la obligación legal de la autentificación de cédulas profesionales, ésa es una cuestión de forma, lo que realmente requiere la sociedad es que aquellos profesionales del derecho no solamente cuenten con una cédula profesional que avale que han realizado y concluido sus estudios de Licenciatura en Derecho, sino que exista certeza de que tales personas son aptas y se encuentran certificadas para prestar un servicio de calidad que brinde certeza y seguridad jurídica a los justiciables.

Una herramienta eficaz para lograr ese Estado de Derecho y sobre todo dignificar el ejercicio de la abogacía tan mancillada en nuestro país es la colegiación obligatoria de los profesionistas que la ejercen.

Con la colegiación obligatoria no sólo se obtendrá la autentificación de las cédulas profesionales, sino que además se garantizaría que el titular de la misma cuenta con una certificación que lo avala como un profesionista del derecho calificado para prestar los servicios de acceso a la impartición de justicia que la sociedad demanda.

En nuestro país han existido colegios de profesionistas desde la segunda mitad del siglo XVIII, como es el caso del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Sin embargo, la colegiación en México no es obligatoria.

La colegiación obligatoria de los abogados permitirá una mejor formación ética, una profesionalización de calidad y sobre todo un control de los profesionistas encargados de ejercer tan noble profesión, todo ello en beneficio de la colectividad, pues se garantizará su acceso a la impartición de justicia a través de la representación legal de un abogado que cuenta con la preparación suficiente para atender de manera adecuada sus necesidades. El sistema para regular en mejor forma el ejercicio profesional de los abogados como partícipes de la función pública de la administración de justicia es sin duda alguna la colegiación profesional obligatoria.

Es importante indicar que en Europa y Estados Unidos la colegiación obligatoria proporciona un sistema adecuado del ejercicio de la abogacía, en relación con el Poder Judicial y la administración de justicia. Lo mismo sucede en América Latina en aquellos países en que también opera la colegiación obligatoria, como Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Brasil, Argentina, Venezuela; de los que no tiene: México, Chile y Colombia.

Los países que sí cuentan con colegiación obligatoria tienen un control más adecuado de los abogados en la función de interés público como partícipes de la administración de justicia, mejorando el acceso a ésta y fortaleciendo los principios de ética en el ejercicio profesional.

En México, lamentablemente no existe la colegiación obligatoria y esto constituye una gran falta en la posibilidad de establecer principios éticos, de superación profesional y académica para todos los abogados, y un registro adecuado de aquellos profesionistas autorizados y capacitados para ejercer la abogacía, todo ello en beneficio de la colectividad y de la propia impartición de justicia.

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