Fotografías sonrientes sobre el cadáver de una cabra montés (Capra pirenayca) han enlodado la imagen de conocida cantante. Las redes sociales han reprobado lo que asumen como acto repugnante de crueldad. Independientemente del mal gusto -por supuesto reprobable- que las imágenes revelan, el episodio indica un gran rechazo de la opinión pública a las actividades cinegéticas. Es loable la sensibilidad social al sufrimiento animal, pero mal encauzada es capaz de erigirse como un obstáculo a la conservación de especies y ecosistemas, cosa que, aunque parezca contraintuitivo, puede lograrse a través de la cacería.

La extinción de poblaciones y especies terrestres por causas humanas resulta de la destrucción del hábitat en áreas determinadas, de la competencia y desplazamiento por parte de especies introducidas (como el ganado), o bien, por exterminio directo para la obtención de algún un recurso (marfil, pieles, carne, trofeos de caza). Todo esto ocurre cuando están desalineados los beneficios y los costos de la conservación o de la explotación, con respecto a los derechos de propiedad.

En México, casi todo el territorio nacional es propiedad privada (individual, ejidal, comunal); el Estado perdió virtualmente todo su patrimonio territorial durante la reforma agraria del siglo XX. Mientras tanto, la fauna que en él habita es en principio propiedad de la nación; lo que significa que para efectos prácticos no es de nadie, y se encuentra en circunstancias de libre acceso. Como la fauna no tiene un valor comercial superior a la producción agropecuaria, o incluso se cree que representa un peligro para el ganado (como los grandes carnívoros; en México: jaguares, lobos, pumas, osos), los propietarios simplemente destruyen o transforman el hábitat, y en su caso liquidan por sí mismos a la fauna que sobrevive, o permitiendo en sus tierras la cacería furtiva o ilegal por parte de terceros.

Esto, a pesar de que la fauna posee un incalculable valor patrimonial, ecológico, cultural y simbólico. Su conservación no representa beneficio económico alguno para los propietarios; son bienes públicos sobre propiedades privadas. Así han desaparecido muchas poblaciones en vastas áreas del territorio nacional y se han extinguido en nuestro país especies como el lobo mexicano y el oso grizzly, además del carpintero imperial. Muchas más están amenazadas o en peligro inminente de extinción.

Para conservar poblaciones y especies en esta circunstancia sólo hay dos alternativas. La primera es la acción del Estado a través de una regulación y vigilancia eficaces. Es difícil que funcione por razones conocidas relacionadas con la debilidad del Estado de Derecho. La segunda es la privatización de la fauna bajo algún esquema regulatorio adecuado. La privatización puede darse otorgando en la legislación explícitamente derechos de propiedad a los dueños de la tierra, o bien, concediendo sólo a ellos, permisos de aprovechamiento legal, por ejemplo, cinegético, de acuerdo a criterios técnicos de uso sostenible y conservación. Nos guste o no, siempre ha habido y habrá afición por la cacería.

Si la privatización ocurre y las especies son valiosas desde el punto de vista cinegético, los cazadores pagarán cantidades muy significativas por lograr un trofeo de manera legal. Los incentivos quedan alineados. La autoridad ambiental (Semarnat) establece la tasa de aprovechamiento, los propietarios obtienen ingresos considerables y poseen un incentivo enorme para conservar o recuperar especies, poblaciones y ecosistemas. Es una forma eficaz de financiar la conservación. Así se salvó el borrego cimarrón (Ovis canadensis) de la extinción en México.

La muerte siempre implica sufrimiento. Pero mucho peor, más largo, intenso y cobarde es el que causamos a animales en rastros, granjas avícolas y de cerdos, y en la pesca. Seamos vegetarianos o dejemos a un lado la hipocresía.