La Comisión Nacional de Derechos Humanos, al mando de Rosario Piedra prepara un golpe bajo al sector empresarial.

El tema es un documento de más de 250 páginas relacionado con los derechos humanos y las empresas.

Lo cual podría pensarse que es positivo. El “pero” es que dicho documento plantea la obligatoriedad de una política de derechos humanos, con sanciones que van desde lo económico hasta la revocación de la licitación.

Otra vez se podría pensar que, en México, las cosas que no son obligatorias, no se cumplen. Pero esta política de derechos humanos-empresas es una política que está impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al mando de Guy Ryder, y que incluso ya adoptan empresas de 25 países, claro está, de forma voluntaria.

En esta tendencia, países latinoamericanos se están incorporando paulatinamente, comenzando por Chile y Colombia.

Para la OIT es preocupante que en México este tema se tome con un tinte diferente, y sea liderado por la CNDH y no por el sector empresarial.

De ahí que ya comenzó con pláticas privadas con el CCE, al mando de Carlos Salazar; la Concamin, que encabeza, Francisco Cervantes y algunas otras cúpulas empresariales.

A fin de que, como en todos los países, sean los grandes corporativos quienes detonen dichas prácticas.

Mismas que consisten en: inversiones aunadas a comunidades acorde, consumidores más seguros, un mejor manejo de residuos sólidos, empleos responsables. Es decir, que como país e industria, se detecten los riesgos en las inversiones a realizar para establecer mecanismos que permitan un mejor desempeño de la industria, empleo y comunidad.

Situación que esperan lograr. Claro, mandando una señal al gobierno federal, al mando de Andrés Manuel López Obrador, de que hay prácticas internacionales que deben mantenerse en manos de la iniciativa privada en pro de mantener su estructura. Siendo el gobierno un facilitador de las buenas prácticas con herramientas que detonen la inversión en cada país.

Lo que no se vale es que, políticas que lleva la OIT a nivel mundial, se vuelvan políticas públicas. Nos dicen que la OIT incluso podría recurrir a otras instancias internacionales en caso de que dicha política de derechos humanos se haga obligatoria con dicho esquema vía la CNDH.

Estas prácticas deberían convertirse en un aliciente para el sector privado, al ofrecérseles beneficios en compras de gobierno e inversiones. De lo contrario, nos aseguran, México podría caer en una práctica que ahuyente la inversión en territorio nacional, de frente a países como Chile, Colombia y Perú que ya avanzan en este sentido.

En fin, esperemos a ver en qué termina este tema, el cual, la OIT impulsará mucho en países latinoamericanos encabezados por México.

Marielena Vega

Conductora

Salud, dinero y negocios

Socia Cofundadora, y conductora del programa de radio Salud, Dinero y amor. Programa de finanzas, negocios, economía y bienestar.