Nunca antes la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los órganos reguladores más populares de la Administración Pública Federal, habían sido tan visibles y, además, al mismo tiempo. Están, cabe agregar, tomando decisiones de un impacto pocas veces visto.

El pleno de la CFC sesionó la semana pasada para resolver sobre la procedencia de la compra, por parte de Televisa, de 50% de Iusacell (propiedad de su competidor Televisión Azteca). La decisión, que no es pública todavía, se espera con ansia por los agentes interesados así como por diversos actores de la sociedad civil. Mientras unos sostienen que la transacción fomentaría la competencia en el mercado de la telefonía móvil, otros aseguran que alentaría mecanismos de colusión en el mercado de la televisión abierta. Para complicar el tema, recordemos que ambos mercados (cada vez más relacionados) están altísimamente concentrados.

Por su parte, luego de una consulta pública, el pleno de la Cofetel (con voto en contra de su Presidente) aplazó su definición sobre la licitación de una tercera cadena nacional de televisión abierta, lo que para muchos es una medida sumamente necesaria para estimular la competencia, así como la oferta de contenidos. El impacto económico, político y social de este sector es tremendo, particularmente en este país; casi todos los mexicanos tienen acceso a la televisión y dedican un rato considerable a ésta (muy por arriba del promedio de otras regiones).

Ambos reguladores han sido objeto de fuertes presiones y han estado en medio de un intenso debate alimentado de señalamientos, alabanzas y críticas. Hay que añadir que en breve un nuevo ciclo político coexistirá con mandos (comisionados) de nombramiento transexenal. La situación pone de relieve una vez más la importancia de que los órganos reguladores -en general- estén diseñados para que hagan su trabajo como la mejor práctica internacional indica: sin interferencia política o de las empresas reguladas, bajo criterios técnicos, con visión de largo plazo y aplicando un mandato de política pública claramente definido bajo formas y procedimientos institucionales.

Estas características aumentan de forma significativa las probabilidades de una intervención estatal exitosa. La evidencia muestra que los beneficios de la privatización y apertura de mercados han sido mayores precisamente en aquellos sectores donde se diseñaron -desde el inicio- y consolidaron -en el tiempo- reguladores sólidos. Aunque no existe receta única, en términos generales un buen regulador debería contar con una serie de atributos fundamentales que permitan el desempeño diferenciado que justamente se exige.

Un primer elemento es el de autonomía funcional, es decir, vista no como fin en sí mismo sino al grado que permita un óptimo funcionamiento, sin que exista desprendimiento o aislamiento del gobierno. Es también fundamental que el regulador tenga mandato claro y atribuciones suficientes; cuente con recursos económicos y humanos correlativos a las responsabilidades encomendadas; esté sometido a mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas de tal suerte que las decisiones sean sometidas al imperio de la razón ; y se inserte en un sistema de revisión jurisdiccional que no conduzca en los hechos a la parálisis regulatoria.

En nuestro caso existe campo fértil para propuestas legislativas encaminadas a fortalecer, en lo general y específico, al órgano regulador mexicano. La CFC y la Cofetel no son los únicos entes relevantes. Están también, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los diversos organismos de supervisión financiera (y eventualmente un regulador del transporte).

En primer lugar, el regulador merece una forma renovada, no la de órgano desconcentrado que tiene en la mayoría de los casos (que genera limitaciones importantes). Por ende hay que explorar la creación de una figura jurídica en la Constitución Política, cuyas bases y arreglos especiales podrían ser instrumentados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al respecto merecen atención las iniciativas presentadas el año pasado por la Comisión Especial para la Competitividad de la Cámara de Diputados (suscritas por Diputados de diversos partidos). El complemento ideal, desde luego, sería fortalecer en lo individual a cada regulador en lo que se refiere a sus potestades y procedimientos específicos.

En fin, al margen de lo que ahora sucede con la CFC y Cofetel, hay que ver más allá y considerar posibles reformas que abonen a la fortaleza institucional de los órganos reguladores mexicanos, con el único ánimo de procurar los mejores resultados en la toma de decisiones de tanta trascendencia.

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