La Ciudad de México (CDMX) está marcada por la impunidad como rasgo cotidiano de convivencia. Es resultado de años de relajamiento y permisividad hacia actores individuales, pero también hacia grupos corporativos que forman parte de la estructura de gobierno y de partidos políticos dominantes (choferes de unidades de transporte público, vendedores ambulantes y demandantes de vivienda). Se trata de una forma perversa de gobernanza que busca control y legitimidad a través de la aquiescencia o a través del otorgamiento de rentas vinculadas a la explotación o apropiación de bienes públicos. Se da en el escenario de un enorme déficit de ciudadanía y de valores cívicos, y de capacidad y disposición de aplicar la ley en el espacio público, así como de ausencia de suficientes disuasivos en contra de conductas antisociales, riesgosas o ilegales.

Normas sin castigo creíble, su violación constante y un vacío de justicia cotidiana, adicionados a la decadencia y deterioro de medios de transporte colectivo, centros de transferencia modal, así como de pavimentos, aceras, plazas y bajo puentes, y de apropiación lumpenizada del espacio público crean una atmósfera humillante para todos, pero particularmente para los que menos tienen. También son un irritante permanente y ubicuo en las relaciones sociales. Crean un ambiente de desconfianza proclive a un individualismo desaforado que rompe, agrede, desestima, y degrada, o peor aún, que pone en riesgo la vida de peatones, ciclistas y automovilistas. La erosión cívica es contraparte de una delincuencia desatada, y del resquebrajamiento de condiciones elementales de seguridad en la ciudad.

La ciudad necesita más, no menos, legalidad y observancia y aplicación de la ley como matriz indispensable de ciudadanía, de convivencia productiva y de inclusión social. Se requiere de la vigencia plena de normas de uso y acceso a los bienes públicos de la metrópolis, así como de respeto al derecho de los demás. Sin ello se conculca el derecho a la ciudad. Legalidad y observancia de la ley es precondición sine qua non de cualquier proyecto o política urbana que pretenda certeza, seguridad, calidad de vida, productividad y baja huella ecológica de la metrópolis. Y la legalidad y la observancia de la ley exigen disuasivos creíbles que revelen e impongan un costo tangible y suficientemente alto a la infracción; única manera de inhibirla eficazmente en sociedades con un serio rezago de cultura cívica, como la nuestra.

Desde luego que el convencimiento, la educación y la promoción de valores de convivencia colectiva son la otra pinza que debe cerrarse para lograr una sociedad respetuosa de ley y del derecho de los demás. Pero nunca podrá sustituir a la capacidad punitiva del Estado, sin la cual, seríamos devueltos a una vida horrenda, brutal y corta (Hobbes en la ciudad: “life would be nasty, brutish and short”).

Por ello preocupa la abolición en la CDMX de las fotomultas de tránsito por exceso de velocidad, vueltas y sentidos prohibidos, y violación de semáforos en rojo, así como de la colocación de inmovilizadores (arañas) en autos cuyos dueños no paguen el parquímetro. Las fotomultas son un dispositivo de tecnología moderna de visualización, medición, identificación y sanción automática, difíciles de eludir y que significan un costo relativamente alto para el automovilista infractor. Son un disuasivo eficaz, que debe usarse de manera más extendida y minuciosa en la ciudad, aplicables no sólo a automovilistas sino también a choferes del transporte público concesionado. Salvan muchas vidas de manera sencilla y eficiente. Inhiben la conducción agresiva y peligrosa, contribuyen a una mejor convivencia entre distintos modos de movilidad y son el inductor por excelencia de una verdadera cultura cívica. Es preciso corregir opacidad y fórmulas de asignación o distribución de los recursos generados. Pero es un grave error eliminarlas (tirar el niño con todo y agua sucia) y sustituirlas con un esquema poco creíble, candoroso, complicado e ingenuo de puntos y trabajo comunitario. También es erróneo eliminar arañas en parquímetros, que son igualmente un poderoso disuasivo para impedir que automovilistas y franeleros se apropien gratuitamente y degraden el espacio público que es de todos.

Debe rectificarse. Sería una gran responsabilidad para el nuevo gobierno asumir la pérdida de más vidas en la ciudad.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.