En el 2006, 20 días antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia, éste recibió la visita del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas. La versión que tengo, de gente de primer nivel del círculo calderonista, es que el gobernador le planteó, en esa ocasión, que las fuerzas del Estado estaban rebasadas y le solicitaba la intervención del gobierno federal para combatir al narcotráfico.

El Presidente, originario de ese estado, se comprometió a ayudarlo. La misma fuente me asegura que, a partir de ese momento, el Presidente integró en su agenda de gobierno el tema del narcotráfico.

La respuesta del Presidente a la solicitud del Gobernador fue el Operativo Michoacán Seguro, que inicia en febrero del 2007 cuando el Presidente Calderón aparece con un saco y gorra de militar.

En ese entonces la intervención de las fuerzas de seguridad del gobierno federal no logró poner un alto a la acción del narcotráfico.

En ese marco ocurrió lo que se dio en llamar el michoacanazo, con el arresto de una treintena de alcaldes a los que se acusó de nexos con el narco y que después, por ausencia de pruebas, todos tuvieron que ser liberados.

Los problemas continuaron y el arribo de un gobierno priísta, el de Fausto Vallejo, que ha resultado particularmente débil, agravó las cosas.

Un salto en el proceso de descomposición que se vive en el estado, en particular en la región de Tierra Caliente, ocurre hace año y medio cuando el narco empieza a extorsionar ya no sólo a los grandes productores, sino también a los pequeños e incluso a los trabajadores.

En ese momento, las guardias comunitarias o los grupos de autodefensa, que siempre han existido en algunas regiones del país, elevan su nivel de participación ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad municipales y estatal. Las guardias comunitarias suplen entonces a la autoridad constituida en la lógica de la defensa propia.

El gobierno federal, ante el estado de cosas, decide intervenir en el estado; pero sin destituir al gobernador, recurso que ante este tipo de problemas utilizaron de manera sistemática los presidentes Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. Ahora, la forma que se encontró es el nombramiento de un comisionado, Alfredo Castillo, que tiene como tarea central restablecer el orden y la seguridad en el Estado.

La descomposición social y los problemas de seguridad en Michoacán, especialmente en la región en cuestión, son de décadas; y los distintos gobiernos federales y estatales les hicieron frente sólo en la lógica policiaca y militar.

En todos los casos fueron paliativos, medidas de emergencia que nunca se propusieron ir al fondo de los problemas económicos, sociales y culturales de esa región del estado.

Si la actuación del nuevo comisionado federal se mueve solo en la lógica militar, que también se necesita, se podrá por algún momento resolver el problema. Las fuerzas del Ejército son muy superiores a las del narcotráfico, pero muy pronto éste volverá a resurgir.

Lo que se requiere es un plan integral de largo plazo, que deberá trascender sexenios y se proponga cambiar la situación que impera en el estado, sobre todo en Tierra Caliente.

Lo distinto, lo excepcional, no se puede gestionar como lo normal. El actual gobierno federal con su intervención parece haber entendido que lo que se requiere en Michoacán es un régimen diseñado ex profeso para atacar la problemática de ese estado.

La tarea no es fácil, pero parece habrá que ver los resultados que camina en la línea correcta.