La verdad no me interesa estar ventaneando , cortó el doctor René Drucker Colín -a mediados de la semana pasada-, cuando un grupo de reporteros le inquirió sobre la cancelación del convenio de colaboración suscrito por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal con el Tecnológico de Monterrey, que habría permitido la apertura del primer parque científico de la ciudad de México.

Ese proyecto se canceló , admitió, ahora queremos abrir el parque en la Planta de Asfalto . Ese predio -ubicado en el Ajusco- será reconvertido, dentro de un programa más amplio de la administración perredista, que busca fortalecer la investigación, innovación y transferencia de tecnología.

En su papel de funcionario público, Drucker Colín -académico y comunicador de indudable prestigio- está obligado a la prudencia, pero la historia de este desencuentro merece ser contada: en vísperas del arranque de la administración, Drucker Colín trabajó en dos pistas: la reconfiguración del Icyt en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación -anunciada por Miguel Ángel Mancera en su toma de posesión, el 5 de diciembre del 2012- y convertir a la ciudad de México en un polo de innovación, con el concurso de la iniciativa privada y las instituciones académicas.

El Tec de Monterrey estuvo entre los primeros convocados a la articulación. En una segunda instancia, la directiva de esa institución regia designó al ingeniero Pompa Padilla como jefe en las negociaciones, que rápidamente enfilaron hacia la edificación del parque científico .

Justo hace un año, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la nueva Ley de Ciencia y Tecnología y Mancera promulgó el decreto con el que entró en vigor. Con Drucker Colín como Secretario del ramo con funciones plenas, comenzó la ronda final de negociaciones del convenio de colaboración que permitiría la creación de ese centro de estudios. El GDF aportaría los recursos y el ITESM donaría 1,000 metros cuadrados de terreno. Al final, acordaron las partes, el parque científico formaría parte del Centro de Innovación y Educación Ejecutiva, en el predio conocido como Zano, dentro de las instalaciones del campus Ciudad de México del Tec. Durante la primera quincena de febrero, las oficinas de ambos funcionarios comenzaron a intercambiar borradores del convenio. En el caso del gobierno capitalino, esa responsabilidad recayó en Roeb García Arrazola, quien antes de integrarse al gobierno capitalino había coordinado la sede capitalina del Centro del Agua para América Latina y el Caribe -habilitado en el Tec de Monterrey con fondos de la Fundación FEMSA y el Banco Interamericano de Desarrollo- y Luis Miguel Beristáin, director asociado del Parque Tecnológico en Ciencias para la Vida, otro think tank con sede el CCM-ITESM.

Los aspectos formales recayeron en el equipo de José Ramón Amieva Gálvez, consejero jurídico y de gobierno, quien tuvo su contraparte en Celia Cano Olivares, coordinadora legal del Tec. De la oficina del primero salió la propuesta del convenio -identificado con el numeral 51/DJRZM/CCM/140213- y en el inciso B de la segunda cláusula quedaba especificado la materia del convenio: ejecutar el programa del Parque Científico.

La versión que autorizó el Departamento Legal del Tec, el 25 de febrero, sólo contemplaba habilitar una oficina de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal en el campus universitario. Tres meses después, Drucker Colín remitió un oficio al rector Pompa Padilla, en el que realizó una minuciosa reconstrucción de las negociaciones y se quejó por la modificación del convenio. (Abrir una oficina de la Secretaría en el Tec) no es de nuestro interés, además que dentro de sus funciones no está la de instalar oficinas, ni nos sería autorizada dicha instalación por el órgano de gobierno, lo que nos genera una imposibilidad material y jurídica para el logro de este objetivo , decretó.

Y dio por terminado, de manera anticipada, la colaboración entre ambos entes. El convenio inmediatamente dejó de tener efectos jurídicos.

EFECTOS SECUNDARIOS

INÉDITO. En cumplimiento de la ley ambiental y a las quejas de los poderosos vecinos de Lomas Altas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente urgió al GDF a realizar una inspección en el desarrollo habitacional Príncipes, ante la evidencia de que ese proyecto residencial de ultralujo contempla la remoción de un espacio arbolado aledaño a la tercera sección del Bosque de Chapultepec que no está clasificado como Área Natural Protegida de competencia federal, ni corresponde a terrenos forestales, sino a zona urbana del Distrito Federal.

La dependencia federal emplazó a la autoridad local para que pondere la posibilidad de solicitar la presentación de un estudio técnico para determinar el número de árboles por especie, diámetro y altura, así como la ubicación de éstos, considerando los criterios para elegir los árboles a remover y ordenar medidas de mitigación y protección para las especies de fauna silvestre existentes en el predio. Asimismo, girar instrucciones para que el particular responsable de la obra habitacional presente un estudio sobre el derribo y trasplante de árboles y garantice que la remoción no cause daños severos, además de dar prioridad a la remoción de especies no nativas.