Aunque a sus opositores de izquierda no les importó gran cosa -a diferencia del petróleo no la tienen como mercancía fetiche, o no la entienden- la reforma al sector eléctrico mexicano tiene mucha mayor trascendencia a largo plazo para el país. Esto, por el carácter universal del uso de electricidad, porque existen fuentes virtualmente inagotables para generarla, porque es el energético del futuro que desplazará a los combustibles fósiles en el consumo final, y porque va de la mano de la revolución tecnológica e industrial que transformará nuestras vidas a lo largo del siglo. Es preciso ahora, en la legislación secundaria, considerar algunas cosas esenciales en materia de sustentabilidad energética.

Debe clarificarse qué se entiende por energías limpias y por energías renovables. ¿La energía nuclear es limpia? ¿También el gas natural? ¿Y las grandes hidroeléctricas son renovables? La legislación vigente plantea una meta de 35% de generación eléctrica con energías limpias para el 2024. La meta tiene implicaciones radicalmente distintas si en ella se incluye a las grandes hidroeléctricas y a las nucleares (hoy esa proporción ya llega a 27%); o sólo a la eólica, solar, minihidráulica y geotérmica. Además de una definición clara, tiene que haber un programa explícito para que se cumplan tales objetivos. ¿Y quién los tiene que cumplir? ¿Todo el sistema, incluyendo a los privados, o sólo la CFE?

Es indispensable igualmente que la legislación secundaria ofrezca una estrategia de respaldo, que es fundamental para el desarrollo pleno de las energías renovables, dado su carácter intermitente. Esto es, debe existir una sólida capacidad de generación a base de gas natural o energía nuclear, y preverse sistemas de almacenamiento a través de baterías, hidrólisis, calentamiento de fluidos, o reversión hidráulica.

En el escenario de los mercados de electricidad que habrán de desarrollarse, las reglas de despacho (es decir, qué plantas entran en operación en qué momento del día) por parte del Cenace (como operador del sistema) deben permitir la entrada automática de las renovables aprovechándose los horarios y épocas del año de mayor disponibilidad eólica y solar en los distintos nodos y regiones del país. Y desde luego, también, el hecho de que el combustible de las renovables es gratis (sol, viento, agua), por lo que su costo marginal es prácticamente cero.

Sin embargo, la legislación debe evitar problemas que hoy enfrentan países como España y Alemania, donde ha crecido notablemente (al grado de ser en momentos mayoritaria) la energía renovable solar y eólica. Como las renovables entran a la red automáticamente, sin despacho dado su costo marginal cero, las convencionales (gas, nucleares y carbón) que generan electricidad en base son desplazadas, dejan de vender kilowatts-hora, sus ingresos se colapsan, no pueden pagar sus costos de inversión y dejan de ser rentables. No pueden quebrar y simplemente salir del sistema, ya que las renovables las necesitan como respaldo permanente. ¿Entonces? El Estado debe asumir la capacidad de generación en base y dejar que los privados se encarguen planamente del desarrollo de las renovables. Desde luego, va a implicar un subsidio por capacidad disponible, o elevar los precios de la electricidad a los consumidores. Hay que decirlo.

Otros temas sustanciales tienen que ver con incentivos fiscales para las renovables y condiciones favorables de interconexión, una ventanilla única y protocolos expeditos para concretarla; mandato al Cenace para crear una red inteligente; extensión, a cargo del Estado, de la red de transmisión a las regiones con mayor potencial de renovables; facilitación y certidumbre en procedimientos agrarios para la transferencia o arrendamiento de tierras y otorgamiento de derechos de agua; principios y políticas de eliminación, focalización y reasignación de subsidios, y una sólida política ambiental.