Como si la catástrofe sanitaria, la continua violencia criminal y el maltrato familiar y laboral no bastaran para lastimar a la sociedad, la brutalidad policiaca se ha desatado en estos días tanto en la llamada “Ciudad de derechos” (antes “de la esperanza”) como en León, enclave conservador de Guanajuato. Esta violencia institucional no es casual. Se deriva de vicios estructurales en el funcionamiento de las policías pero también nos recuerda que, en épocas de crisis, los gobiernos autoritarios están dispuestos a recurrir a la mano dura contra la protesta legítima, a abusar de su fuerza contra quienes puedan estigmatizar o criminalizar, y a justificar sus abusos en nombre de un “orden” definido a conveniencia.

La violencia institucional contra vendedores ambulantes ajenos al sistema de cuotas ilegales no es nueva. Recordemos el caso del niño a quien un inspector arrancó su canasta de dulces y humilló en Tabasco en 2013; o la vendedora de flores que en junio denunció abusos policiacos continuos en la Ciudad de México, antecedente claro de los casos de la vendedora de tacos y la vendedora de hierbas que la semana pasada fueron violentadas por agentes capitalinos. Contra lo que algunos han argumentado en redes y pretenden justificar las autoridades señaladas por estos abusos, éstas no son medidas legales contra la invasión de la vía pública por el comercio informal, son actos arbitrarios contra personas vulnerables que no han buscado la (onerosa) venia de funcionarios o mafias que autorizan puestos fijos o rentan el espacio público a cambio de “cuotas” irregulares. Los casos mencionados, y otros que los medios han documentado, prueban además que el abuso de autoridad está institucionalizado y que la discriminación, como escribiera José Blanco, se da en escalera: explotados y despojados de derechos laborales y humanos, los agentes policiacos se desquitan contra quienes están aún más desprotegidos que ellos: pobres, mujeres, indígenas, jóvenes...

La explotación laboral y la corrupción, que han caracterizado el funcionamiento de las policías, sin embargo, no justifican ni la brutalidad, ni el abuso de autoridad. Como muestra la indignación en redes ante los recientes casos callejeros, la ciudadanía capitalina está harta de abusos y de discursos oficiales que intentan justificar lo injustificable o prometen sanciones ejemplares que nunca llegan porque, a fin de cuentas, la “autoridad” apuesta por el olvido o la saturación de una sociedad ya saturada de preocupaciones.

También parecen apostar por el cansancio de la sociedad y de activistas feministas y de derechos humanos, las autoridades de “seguridad” de León, Guanajuato, que la noche del sábado 22 detuvieron, maltrataron y vejaron a mujeres jóvenes y adolescentes que exigían #JusticiaParaEmily, víctima precisamente de acoso sexual por parte de policías. Como si manifestarse, gritar o hacer pintas no fuera una forma de protesta legítima, los agentes policiacos no sólo detuvieron a más de veinte manifestantes, patearon, humillaron, agredieron sexualmente e insultaron a muchas y golpearon también a cuatro mujeres periodistas que cubrían la marcha.  Si ya esta inusitada acumulación de agravios indigna, añadamos el daño psicológico a compañeras y familiares de las detenidas, angustiadas por no saber su paradero. Para colmo, el domingo, se multiplicaron obstáculos para que las ya liberadas interpusieran sus denuncias contra esta brutalidad.

Como las autoridades capitalinas en 2019, las de León pretendieron justificar estos abusos criminalizando a las jóvenes feministas, y apelando además a un “orden” que no han sabido defender de la delincuencia. Olvidan que la sociedad tiene memoria y ya conoce el mecanismo de estigmatización de las víctimas y escamoteo de la responsabilidad oficial, en México y en particular en ese estado, cuyas misóginas autoridades han tolerado impávidas el aumento de feminicidio, violencia sexual y explotación laboral.

La solidaridad social con las víctimas de la brutalidad policiaca en León y en la CDMX debe recordarles a los gobiernos que la tolerancia a la violencia institucional no es infinita. La sociedad está harta de sus abusos.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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