Los asesores de Joe Biden ya han hecho saber que, tras la jura de su cargo el día de hoy en las escalinatas del Capitolio, el nuevo presidente estadounidense ejercerá durante un período relámpago de 10 días todas las facultades decisorias que le reconocen las normas vigentes y aprobará una amplísima panoplia de medidas, como volver a firmar el Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático; extender moratorias relacionadas con la pandemia; exigir el uso de mascarillas en los transportes públicos; facilitar el reagrupamiento familiar de inmigrantes y la legalización de muchos emigrantes, entre muchas otras iniciativas.

Ese plazo de 10 días, aunque también redondo en base decimal, tiene un 0 menos que los primeros 100 días en los que Franklin Roosevelt, tras su toma de posesión en marzo de 1933, sentó las bases del New Deal, cuando todavía Estados Unidos vivía el azote de la Gran Depresión.

Se ha dicho que el "mito de los 100 días" fue, en realidad, una creación a posteriori del historiador Arthur Schlesinger, quien acuñó la expresión en su segundo volumen sobre los años de Roosevelt para, pocos meses después, ya como asesor del candidato John F. Kennedy, hacer de esa idea una de las banderas de la nueva y joven Administración. Como confirmaría en sus memorias años después el almirante Burke, cuando llegaron a la Casa Blanca todos los asesores de Kennedy estaban imbuidos del mismo principio:

"Tenemos que lograr que los primeros 100 días sean impresionantes. Tenemos que hacer muchas cosas, rápido y de forma diferente".

El plazo inicial de 10 días que se ha marcado Biden es inteligente, pues permitirá escalonar los anuncios a lo largo de dos semanas y hará que durante ese período los medios de comunicación hagan realidad, en el acelerado mundo informativo en que vivimos, el sabio consejo de Maquiavelo al Príncipe.

Los beneficios se deben conceder poco a poco, para que se saboreen mejor".

Pero la medida estrella, en cuya puesta en marcha Biden, al igual que Roosevelt, necesitará por lo menos 100 días y el concurso de ambas Cámaras, será el nuevo paquete de estímulo fiscal, al que el nuevo presidente atribuyó el jueves pasado un importe de 1.9 billones de dólares, que se añadirá al paquete ya aprobado el año pasado con Trump.

Biden no tendrá que empezar liberándose de la traba de la que tuvo que desembarazarse Roosevelt nada más llegar a la Casa Blanca para facilitar su política de estímulos y la tarea de la Reserva Federal: romper la convertibilidad interna del dólar en oro y obligar a todos los ciudadanos a canjear por dólares en la Reserva Federal todo el oro del que disponían.

El nuevo presidente tendrá, por el contrario, garantizado que la Reserva Federal le proporcionará el "espacio fiscal" que precise, pues su presidente, Jerome Powell, ya ha anunciado con reiteración la buena disposición de la institución a seguir comprando toda la deuda pública necesaria para que el Gobierno federal introduzca los estímulos fiscales que la reactivación de la economía requiera. Además, aunque el refranero advierta de que "no hay peor cuña que de la misma madera", la identidad de la nueva Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, antecesora de Powell al frente de la Reserva Federal, facilitará el diálogo entre ambas instituciones.

En los próximos meses, e incluso años, es pues probable que la política fiscal de la Administración Biden y la política monetaria de la Reserva Federal discurran en paralelo, sin subordinación de esta a aquella, en pos de los objetivos concordantes de la recuperación de la economía y de que los precios suban en torno al 2% anual (especialmente tras la definición de ese objetivo como un simétrico objetivo promedio plurianual, no como un asimétrico límite anual).

En la zona euro los estímulos fiscales previstos no serán, ni de lejos, tan intensos como en Estados Unidos, pero también la política fiscal y la monetaria discurrirán previsiblemente en amor y compaña durante meses, e incluso años.

@mconthe