Mientras el Gobernador del Banxico señala que en las economías emergentes existe poco espacio para tolerar la inflación, Gerardo Esquivel argumenta que las presiones inflacionarias del país responden a factores globales.

No existen razones para sostener el hecho de que el programa de reactivación económica del presidente Biden tenga efectos inflacionarios en la economía de los Estados Unidos. Las presiones parecen provenir de los efectos temporales de la pandemia. No lo cree Moody’s, ni lo cree la Reserva Federal, ni la mayoría de los analistas. Las voces “técnicas” que advierten que el plan de Biden puede ser inflacionario tiene una etiqueta política, como el profesor de Stanford, Michel Boskin, quien dirigió el consejo de asesores económicos de George H. W. Bush. Se trata de una estrategia republicana para atacar el popular plan del presidente. El ataque republicano no es contra el plan de inversión en infraestructura física, que ya han acordado en principio por parte de los dos partidos, más bien va en contra las políticas que buscan incrementar los salarios y otorgar créditos fiscales y transferencias en efectivo a las familias de menos ingresos. En realidad, los republicanos quieren obtener los beneficios de apoyar el programa de recuperación, pero al mismo tiempo culpar a Biden de generar inflación y renegar de las ayudas sociales.

Los asesores de Biden señalan que los efectos inflacionarios de dichas medidas no se van a materializar debido a que las presiones inflacionarias serán reducidas por los programas de inversión que van a incrementar la productividad, la demanda de trabajo y en general impulsar la economía por el lado de la demanda. Las propuestas de Biden van también a reducir costos en servicios como salud, educación universitaria, vivienda y el cuidado de los infantes. Es común que los paquetes fiscales sean acusados de generar presiones inflacionarias, el problema es que cuando estos se limitan, por la politización del debate, o se incrementan las tasas, se reduce su potencial para generar crecimiento. En México tenemos un debate similar, mientras que el Gobernador del Banco de México señala que en las economías emergentes existe poco espacio para tolerar la inflación, Gerardo Esquivel, uno de los vice gobernadores, argumenta que las presiones inflacionarias del país responden a factores globales, lo que explica la reciente votación dividida del banco de incrementar la tasa.

Por otro lado, persiste en los Estados Unidos un profundo prejuicio, contrario a la evidencia empírica, de que las ayudas sociales perpetúan a la pobreza. Esther Duflo y Abhijit Banerjee, en Buena Economía Para Tiempo Difíciles, recuerda el discurso de Reagan de 1986, cuando declaró que la guerra contra la pobreza se había perdido y había llevado a una crisis de las rupturas familiares. Decía el entonces presidente “A partir de la década de 1950 la pobreza estaba disminuyendo. La sociedad estadounidense, una sociedad de oportunidades, hacía maravillas. El crecimiento económico proporcionaba una escalera… En 1964 se declaró la famosa guerra contra la pobreza y sucedió algo curioso. La pobreza empezó a empeorar, se podría decir que la pobreza ganó la guerra… porque en lugar de ayudar a los pobres, lo programas de gobierno rompieron los vínculos que mantenían unidas a la familias pobres”. Esto es, en el ataque político republicano no solamente está el viejo y redituable políticamente fantasma de la inflación, sino también el desprecio a quienes requieren de ayuda estable. Duflo y Abhijit citan uno de sus múltiples estudios sobre el efecto de las transferencias en la poblaciones pobres y muestra cómo estos programas mejoran la nutrición de las personas, su escolaridad y su salud. No hay muestras de que el dinero se gaste en tabaco, ni en alcohol, tampoco de que la gente trabaje menos. El prejuicio pues, sigue marcando la pauta del debate económico norteamericano.

Twitter: @vidallerenas

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.

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