Nadie puede afirmar que México haya sido un país en el que la legalidad fue respetada siempre. Es, sin duda, uno de sus grandes defectos. Pero puede decirse, también, que las grandes faltas se daban selectivamente, entre personas, desde el gobierno con alguien y era muy extraño que se impusiera una ilegalidad que atentara contra un sector específico en general o contra un grupo de empresarios o un grupo social en específico.

Incluso frente a la nacionalización del petróleo o la estatización de la industria eléctrica, siempre hubo indemnización de por medio o pago de acciones. Bien sabía México, por su posición geopolítica y porque tenía una visión de futuro, que no respetar las mínimas reglas jurídicas, harían que todo el sistema político sucumbiera en el desorden y la falta de certeza, debajo del voluntarismo de un partido, un presidente fuerte o un grupo gobernante.

Ese mínimo respeto por lo básico, por no cruzar ciertas líneas, le dio estabilidad al país por más de cien años. Apuntaló, lo que después y antes de llegar la 4t, sería un mínimo de instituciones a las que se les creía y sobre las que estaban montadas ciertas certezas. El INE, la Cofece, la CRE, el CENACE, el IFT, el Inegi, el Coneval, el T-MEC y otras comenzaron a normalizar prácticas, inversiones y la protección de derechos y la resolución de conflictos.  El día de hoy estamos ante un posible colapso de todo ello.

La semana pasada y con un aplomo digno de un ignorante y un tirano, Manuel Bartlet, sentenció que se suspenderían todos los contratos con las empresas privadas que producen el 50% de la electricidad del país y que dado que ya nadie va a poder producir electricidad, no se pagarían indemnizaciones a las empresas nacionales o extranjeras. El argumento: que era un cambio constitucional y por esa vía el gobierno no estaba obligado a realizar ningún pago.

Digo ignorancia, porque nuestro director de la CFE, debió haber olvidado el artículo 14 de nuestra Constitución en el que claramente dice que ninguna ley puede ser retroctiva en perjuicio de persona alguna. Y debió haber olvidado que cualquier cambio constitucional esta sujeto a controversia o a acción de inconstitucionalidad. Amén por supuesto de las consecuencias internacionales que el asunto tendría.

Manuel Bartlett y el Presidente se escudan en 4 artículos del T-MEC en el que se dice México se reserva en materia de energía la política que el gobierno quiera aplicar. Olvidan por ignorancia o conveniente ceguera, que el capítulo de inversiones del tratado, les obliga a dar trato nacional a cualquier inversionista nacional o extranjero. Es decir, que si CFE tiene ciertos derechos, también los tienen los privados. Esa es la lectura correcta del tratado, no su ceguera intencional.

La necedad en sacar esta reforma me hace sospechar en muchas cosas más allá de las razones ideológicas y creo que el cascabel se lo puso al gato, Enrique de la Madrid este fin de semana en El Universal. Enrique sostiene que esta no es una reforma ideológica o económica. Esta es una reforma política, en la que estados, municipios y empresas privadas queden bajo el designio, las órdenes y la complacencia del presidente, Morena o el director de la CFE. O haces esto o no te doy luz. Así de fácil. Nada más, pero nada menos tampoco.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

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