En un posible proceso de discusión legislativa, habría que evitar la tentación de darle un mandato dual al banco central.

La autonomía del Banco de México constituye un pilar institucional para la estabilidad económica. La esencia de dicha independencia es separar el ciclo político de la política monetaria para que la institución pueda cumplir cabalmente, sin interferencias, con su mandato constitucional, que coloquialmente se expresa como la lucha contra la inflación. El Banxico autónomo está por cumplir 24 años en el 2018.

El Banco tendrá un nuevo gobernador a fines del 2017. Una vez que se haya consumado el proceso de la sucesión, sería conveniente considerar algunas modificaciones a su ley. Ello, en virtud de la experiencia de estos años, hace pensar que hay varios aspectos que, si se modifican, permitirían un funcionamiento más eficaz del Banxico.

Una primera modificación deseable sería ampliar la edad límite de 65 años para ser miembro de la Junta de Gobierno, por ejemplo, a 70, para así aprovechar mejor la madurez y experiencia de varios destacados economistas.

Asimismo, el requisito legal de que debe ser mexicano por nacimiento debería abolirse. Estas dos restricciones, sin mucha lógica, están limitando el abanico de candidatos para suceder al Dr. Carstens.

Otra modificación a la ley sería desaparecer a la Comisión de Cambios y otorgarle al Banco la plena responsabilidad de las decisiones cambiarias.

Si bien en estos casi 24 años no ha habido conflictos en el seno de la Comisión, sería conveniente eliminar la tentación de que un gobierno manipule al régimen cambiario, contrario al mandato del Banco.

Otro cambio buscaría mejorar la operación y gestión. Actualmente, el gobernador es el administrador del Banco y los subgobernadores no tienen funciones formales para supervisar áreas específicas, aunque ejercen un gran poder sobre la operación cotidiana del Banco.

Los funcionarios frecuentemente se quejan de que en realidad tienen cinco jefes . Habría una mayor eficacia si el Banco contara con un gerente general para administrarlo, pues ello permitiría que el gobernador, con la Junta de Gobierno, se pudiera abocar de lleno a la toma de decisiones estratégicas.

Otros bancos centrales operan con este esquema; en algunos el gerente general es miembro de la junta. Para México habría que evaluar esa conveniencia, pero en todo caso no se debe aumentar el número de integrantes de la junta.

Un cambio que reforzaría la rendición de cuentas es que el Banco tuviese la obligación de entregar al Legislativo un informe trimestral sobre su gestión administrativa y el ejercicio de su presupuesto.

Al final de cuentas, el Banco ejerce recursos públicos y la sociedad tiene el derecho de saber de manera pormenorizada cómo y en qué gasta el Banco. De igual manera, para ese fin y para revisar asuntos técnicos y otros temas pertinentes de la institución, se podría crear en el Senado una comisión de banca central.

Me parece que estas modificaciones reforzarían la institucionalidad y el marco de la estabilidad para el Banco. Pero, en un posible proceso de discusión legislativa, habría que evitar la tentación de darle un mandato dual; el objetivo único representa el fundamento más importante de la autonomía.

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