La promesa, intento o acto de bajar por decreto los precios de los combustibles y la electricidad en México reflejan una realidad: los políticos no actúan como representantes de la nación, sino de intereses de corto plazo.

Un decreto de disminución de precios atenta contra la capacidad de repago de las inversiones, para la infraestructura que convierte los hidrocarburos en combustibles o electricidad. Y también demerita la capacidad para adquirir la materia prima -los hidrocarburos, otra vez- importados en algunos casos, o propiedad de la nación -que no de esta generación, legislatura o régimen.

Cualquier disminución de precio -respecto de mecanismos realistas y sustentables de determinación de precios- debería tener un objetivo de rentabilidad social o económica.

Generalizar los descensos parece más resultado de políticas públicas de diseño impreciso y seguramente con resultados dudosos. De hecho, no se conoce alguna medición que justifique haber disminuido o congelado precios de la energía en México.

Se ha intentado como medidas anticíclicas recientemente o como elementos para la promoción de la competitividad. Pero los índices de medición de ambos han empeorado. En conclusión, la inversión que el país hizo abaratando los combustibles o la electricidad no fue rentable; mejorar la competitividad o incrementar el bienestar pasan por otro camino. Sin embargo, es atractivo políticamente.

No obstante, también, es inefectivo como incentivo para otras políticas públicas. En el ámbito de los precios artificialmente bajos, no es atractivo usar automóviles de bajo cilindraje ni darles mantenimiento adecuado. Se promueve mantener una flota vehicular anticuada e ineficiente. Es más, ¿por qué Pemex querría invertir en refinar crudo, si el precio de venta de los combustibles no le garantiza un retorno adecuado?¿Por qué alguien querría prestar dinero a Pemex o comprarle un bono ciudadano, si el sistema de precios es incierto y no asegura que habría dinero que cubriera su maduración?

Tampoco los precios artificialmente bajos ayudan a las decisiones del sector eléctrico. Si los precios bajan es poco atractivo, y no aconsejable económicamente, invertir en energías renovables. Y ya de paso, menos aún promover la eficiencia energética.

Las renovables cuestan más que las tradicionales y más todavía, si los precios de estas últimas se mantienen bajos irracionalmente. La eficiencia energética requiere de cambios conductuales o de inversiones por parte de los usuarios.Un principio de política pública correcta es la disminución del precio de la energía eléctrica para el programa Oportunidades. Y si tan sólo se midiera qué tanto aporta al bienestar podría valorarse por sus méritos reales, y entonces ampliarse, reducirse o focalizarse mejor. Correcto también es el programa de cambio de refrigeradores; mejor sería si su efecto fuera medido.

Para los combustibles, es más complicada la aplicación de políticas públicas focalizadas. Esto porque los puntos de venta y los consumos de los usuarios no están bajo el control del gobierno; caso contrario al de la electricidad, donde sólo hay un distribuidor a nivel nacional: CFE.

*Eduardo Andrade Iturribarria, Presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros.