Han pasado cinco años de una trunca reforma electoral en Baja California, pactada por el PAN y el PRI, que además de establecer nuevos plazos para la duración de las precampañas y las campañas locales (de 60 a 90 días, la de gobernador y de 30 a 60 cuando sólo se eligieran diputados o ayuntamientos), proponía un nuevo calendario para los procesos electorales.

El último domingo de cada mes de septiembre del año anterior a la elección daría inicio el proceso electoral y la jornada comicial quedaría fija: el primer domingo del año que corresponda, estipulaba el nuevo artículo quinto de la Constitución Política de Baja California, modificado por la XXI Legislatura Constitucional, el 10 de julio del 2014.

Dos meses después, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, entonces presidente del Congreso local, remitió el decreto 112 al gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, para su publicación en el Periódico Oficial. Además de adicionar un capítulo —III, de la Jurisdicción Electoral— al Título Quinto del texto, se modificaban 15 artículos constitucionales; entre ellos el artículo 16, para permitir la reelección legislativa, y el artículo 78, sobre la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos.

Como el resto del país, Baja California tuvo que armonizar su legislación a la reforma político-electoral producto del Pacto por México, que entre los múltiples cambios que introdujo mandataba la concurrencia de los calendarios electorales locales, con el federal a partir del proceso electoral del 2021.

De tal forma que los diputados de la XXIV Legislatura de Baja California serían electos en el 2021. Y sus antecesores sólo estarían en su cargo entre el 1 de agosto del 2019 y el 31 de julio del 2021.

Los alcaldes y diputados electos el 1 de junio del 2019 permanecerían un bienio, por única ocasión, según los artículos séptimo y octavo transitorios. ¿Y también el sucesor de Vega de la Madrid, quien entregará la gubernatura el 1 de noviembre del 2019?

Fausto Gallardo García era líder del PVEM en Baja California y simultáneamente diputado local. A su cargo, como presidente de la Comisión de Reforma del Estado, estuvo la elaboración del dictamen que sería sometido al pleno. El planteamiento original era que por única ocasión, el periodo para el que fuera electo el gobernador en el 2019 fuera de cinco años. Pero la mayoría legislativa —PAN, PRI, PVEM, MC y PRD— decidió al final que la concurrencia de la elección del gobernador con el proceso electoral federal aconteciera en el 2021.

Vega de la Madrid procedió a la publicación del decreto 112 en el Periódico Oficial, el 17 de octubre del 2014. Entonces, Morena apenas era una formación política en gestación y los partidos del Pacto por México habían legislado para cerrar el paso al exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon.

Jaime Bonilla y Jaime Martínez Veloz, quien fue candidato del PRD en las elecciones del pasado 2 de junio, acudieron a los tribunales electorales para definir el periodo de la gubernatura. Los magistrados locales, primero, y después el TEPJF no modificaron los plazos establecidos en la Constitución local y los comicios arrojaron un resultado abrumador: Morena ganó la gubernatura, las cinco alcaldías y los 17 distritos locales.

Un mandato irrefutable, interpretó Bonilla, quien dentro de tres meses asumirá la gubernatura.

El vuelco vino inesperadamente, por impulso del diputado priista Bernardo Padilla Muñoz, quien presidió la Comisión para la Reforma del Estado en la XXII Legislatura y pugnó durante su mandato por una “reforma integral”. La noche del pasado 8 de julio, el pleno reformó el Octavo Transitorio de la reforma constitucional del 2014 y revirtió el decreto 112 para fijar el relevo del próximo gobernador en el 2024.

“Ustedes le llaman Ley Bonilla, pero el origen de todo está en la historia del decreto 112”, recordaba el gobernador electo de Baja California, actualmente senador con licencia. Un caso inédito, remarca, no sólo por la polémica en torno a la duración de su mandato, sino también por el inminente desplazamiento del PAN y del PRI de los órganos de gobierno en aquella entidad.

Bonilla no tiene pelos en la lengua. Y superará al Bronco o cualquiera de sus homólogos en el uso de las malas palabras en el lenguaje cotidiano. ¿Lo soez no quita lo políticamente incorrecto? En cualquier caso, además de atroz, es implacable.

“Yo sé que se chingó muchísima lana”, dirá en referencia al gobernador saliente, Francisco Kiko Vega de la Madrid. Al abanderado perredista, Jaime Martínez Veloz, no lo bajará de “pinche dolido y fracasado” y del priista Enrique Acosta Fregoso se mofará con crueldad. “Es el único candidato que conozco que hace perder a su partido 40 puntos en las preferencias electorales”.

Acosta Fregoso logró 4% de la votación, no obstante ahora buscará cortar su mala racha y quedarse al frente de la dirigencia estatal del PRI. En los negocios recién sufrió un duro revés, luego de la clausura de los casinos Win Club de Baja California, de los que se ostenta como apoderado legal.

La prensa peninsular informó sobre los hechos y el excandidato a la gubernatura se dijo víctima de una campaña mediática para dañar su imagen que habría orquestado Bonilla y que habrían ejecutado, entre otros, editores y reporteros del diario El Mexicano y la Agencia Fronteriza de Noticias, que dirige la periodista Dora Elena Cortés.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿SOBRECOSTOS? Para el 2020, año que no habrá ninguna elección para gobernador o comicios federales, el Estado mexicano tendría que destinar casi 18,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para las actividades político-electorales. A los 5,239 millones de pesos de las prerrogativas que se repartirían los partidos con registro nacional deberían sumarse los 12,493 millones de pesos que el INE requerirá a la Cámara de Diputados para solventar su gasto operativo.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.