En la cúpula del Inegi creen que el sector hacendario del gobierno federal está molesto con las estadísticas que reporta el órgano presidido por Eduardo Sojo, particularmente por la fórmula aplicada para determinar el Producto Interno Bruto (PIB). Las estimaciones del Inegi siguen sin reflejar el impacto de las reformas transformadoras de la administración peñista.

En vísperas de que expire el mandato de Sojo y el Ejecutivo federal deba proponer al Senado, ¿importa más el perfil del integrante de la Junta de Gobierno del Inegi o salvaguardar la independencia del órgano autónomo? Asegurados los recursos presupuestales para que esa instancia cumpla con sus funciones constitucionales, en amplios sectores de la administración federal creen que no es posible desvincular ambos factores. Y por lo mismo, impulsan la llegada de un externo , para que ponga orden. ¿A costa de su debilitamiento?

Tras la elección del nuevo rector en la UNAM, los órganos autónomos transitan por una zona de turbulencias. La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada el pasado jueves en el Senado, resta facultades a los actuales comisionados del INAI e impone restricciones a los solicitantes de información vinculada con asuntos judiciales o catalogados de seguridad nacional.

Esa pérdida es inversamente proporcional al empoderamiento del consejero jurídico del gobierno federal, pues los recursos de revisión que promueva respecto de las resoluciones del INAI que abran expedientes reservados en esas materias se convertirán en reservas de facto. Los legisladores, en una omisión inexplicable, no acotaron a la consejería jurídica ni estipularon el procedimiento.

La nueva ley quita al INAI la facultad de ordenar la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y posibles actos de corrupción, cuando a primera vista (prima facie) y sin prejuzgar, determine que la información está relacionada con estos sucesos. Al respecto existen sendas recomendaciones de la CIDH y del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano, que deberían haber sido tomadas en cuenta por los legisladores.

En el artículo 153 de la nueva ley quedaron estipuladas excepciones para el acceso a la información que los comisionados del INAI deben conocer antes de determinar la procedencia de una solicitud y, en segunda instancia, resolver los recursos de revisión. La falta de acceso a la información generará que cualquier resolución que niegue el acceso al solicitante sea arbitraria e ilegal y hace inoperante el cumplimiento del mandato del INAI.

La nueva ley también obliga a la paridad de género en la integración del pleno del INAI. Ese proceso, en cualquier escenario, será progresivo: Ximena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana fueron designadas por un periodo de cuatro años -los más breves, entre los siete comisionados- y el cumplimiento de la reforma condiciona a que sean mujeres quienes las sustituya.

Y en sentido contrario, la posibilidad de que una mujer continúe al frente del INAI cuando concluyan el trienio de Puente de la Mora, en mayo del 2017, es mínima: sólo la comisionada Patricia Kurzcyn sería elegible... Y a excepción de un comisionado, carece de respaldos para buscar esa posición.

En el Senado deberán definir a los sustitutos de los ministros salientes, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Las ternas propuestas por el Ejecutivo cumplieron con los usos y costumbres; no obstante, han sido recibidas con escepticismo.

En un peculiar ejercicio de la paridad de género, una terna busca garantizar que una mujer llegue a la SCJN. Las tres candidatas, además, provienen del Poder Judicial. Para la otra vacante, una tercia de candidatos externos con escasas posibilidades de ser electos: la postulación del procurador mexiquense, Alfredo Gómez Sánchez, despertó comentarios adversos por su cercanía con el titular de la Conade, Alfredo Castillo. Esas críticas palidecen frente a comentarios francamente hostiles hacia aspectos de la vida personal del magistrado Javier Laynez Potisek, ex procurador fiscal.

Los afanes protagónicos de los personajes del Poder Judicial molestan en otros ámbitos. A la ministra saliente, por ejemplo, le recriminan su favoritismo hacia la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, a quien ve como la idónea... para quedarse con su silla y preservar su legado .

Ambas ternas deberían ser rechazadas por los legisladores , observan académicos e integrantes de organismos de la sociedad civil, después de casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o Apatzingán quedó de manifiesto la necesidad de fortalecer al Estado de Derecho y de contar con un Poder Judicial sólido y a salvo de suspicacias .

¿El debilitamiento de los órganos autónomos y de los demás poderes de la Unión está inducido desde Los Pinos? Fuera de las instancias gubernamentales existe esa convicción, particularmente después del amparo otorgado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al colectivo Smart, que abrió un nuevo debate sobre la legalización del consumo de la mariguana.

Pareciera que buscan una SCJN dócil, sin iniciativa propia. Y para el Inegi, un nuevo integrante de la Junta de Gobierno ajeno a la lógica del aparato burocrático formado en la institución fundada por Pedro Aspe, donde hubo una época dorada, en tiempos de Carlos Jarque .

Un externo , para la vacante en el Inegi. Un externo, que sería el candidato de Los Pinos para encabezar ese organismo. A las aspiraciones de los internos -Rolando Ocampo y Félix Vélez serían los más perfilados- en altas esferas amagan con divulgar información sensible que haría inviable sus aspiraciones.

En ambos casos, evitarlo queda al criterio de los senadores.

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