Con lo que queda de mi capacidad de asombro, amanezco el día domingo con la confirmación de que la Secretaría de Economía le quitará a 3 de cada 4 trabajadores de la dependencia su computadora, derivado del decreto de austeridad reciente que emitió el presidente de la república. Y, si desean conservarla, deberán pagar 4,000 para seguir trabajando. Del asombro pasé a la risa, luego al enojo y luego a una especie de depresión a la que este gobierno nos ha ido acostumbrando. ¿Será posible que los funcionarios de la 4T no hayan leído, mínimamente la Constitución y la ley?

Dice la Constitución en el artículo 123 apartado B (que se refiere a los trabajadores del Estado) en su fracción VI que: sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. Y en la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado B, en su artículo 43, fracción V que: el Estado deberá “proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido”. Lo que a todas luces hace, en principio, ilegal la disposición de la Secretaría de Economía.

El asunto es grave sólo por ese hecho, porque el presidente, y por lo tanto todo su gabinete, juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero no queda ahí, tiene otras implicaciones que son preocupantes y lamentables. La primera tiene que ver con las tareas de dicha entidad. Es por definición la que regula, vigila y atiende todo lo que tiene que ver con el comercio nacional, la producción la exportación que realiza el país, pero sobre todo lo que tiene que ver con el comercio, derechos de autor y aranceles que nuestro país aplica al intercambio internacional. Y, lo queramos o no, eso se hace a través de computadoras y en comunicaciones vía correo electrónico (decenas de miles diarios) con los países más avanzados del mundo. ¿Cómo se comunicarán los de México con los del resto del mundo y entre las empresas y demandantes de información nacionales?

Seguidamente, la segunda preocupación es la consideración de que el uso de equipo de computo no es fundamental para la realización de tareas sustantivas de la institución. Es decir, que de cada cuatro personas que realizan un trabajo a tres se les puede o se les debe quitar su herramienta de trabajo y que eso no tendrá consecuencias. Los oficios y comunicaciones entre funcionarios que son la base de la legalidad con la que opera el gobierno volverá a hacerse por escrito y en papel. ¿Cómo? ¿A mano o con una máquina de escribir y sus respectivas copias a los que estén involucrados en el asunto del que se trate? Olvídense de hacer cálculos de tiempo y eficiencia en la operación de la secretaría, de los muchos miles de documentos y comunicaciones que se realizan en dicha secretaría. El uso de papel, por lo tanto, de archiveros, por lo tanto, de fotocopias y miles de etcéteras más. ¿A cuál ahorro nos referimos? ¿Dónde van a poner el archivo muerto y cumplir con las disposiciones de transparencia en tiempo y forma? Una verdadera locura.

Finalmente, más allá de la ilegalidad, ¿cómo se atreve el gobierno a pedirle a sus trabajadores que pongan su computadora personal o que paguen por trabajar? Empleado publicista, por favor traiga sus anuncios para promocionar mis productos. Minero, traiga su máquina perforadora para trabajar en mi mina. Señor ingeniero, traiga su acero para hacer los coches de mi marca. Insisto, una locura, que raya en la estulticia.

Se abre el T-MEC y nosotros, a la secretaría encargada de la administración de dicho tratado, se le retira 75% de su presupuesto de operación. Espléndido mensaje para nuestros socios comerciales.

Una de cal, extra

Aeroméxico se somete al Capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos. Asombra que no lo hayan hecho en México, pero a lo mejor se entiende porque aquel país ofrece mejores condiciones para renegociar deudas y arreglarse con proveedores y acreedores. Mientras que en Estados Unidos se destinan 250,000 millones de dolares para ayudar a las empresas aeronáuticas, dada su importancia estratégica, en México no se da apoyo alguno.

Las consecuencias de este mal entendido ahorro con esa empresa en particular son suicidas. Sin Aeroméxico se acaba la conectividad del país. Se acaba el comercio electrónico del que pretenden sacar ingresos fiscales. Se acaban los negocios y las reuniones internacionales y nacionales que requieren del contacto personal. Ya ni qué decir del turismo nacional y el internacional que generaba esa aerolínea. Insisto, la visión de la 4T es suicida y lamentable. No pueden encontrarse adjetivos más graves para describir la locura de las decisiones tomadas. Nada más, pero sobre todo, nada menos.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.