El centro del nuevo ejercicio público estará marcado por la austeridad, y como decía Solón, antiguo legislador y poeta ateniense: “La austeridad es una de las grandes virtudes del pueblo inteligente”. Lo preocupante es que una política de austeridad radical sin inteligencia sólo podría tener un resultado: afectar fuertemente la ya endeble eficacia del Estado Mexicano.

Pondré en contexto un ejemplo reciente internacionalmente conocido, el caso de Grecia. Desde el 2009, en ese país se implementaron más de 14 paquetes de medidas de austeridad que han incluido recortes hasta de 22% en las prestaciones de funcionarios federales, disminuciones en sueldos y pensiones, así como la venta de más de 4,000 compañías controladas por el Estado. Sin embargo, el efecto que han tenido estas medidas ha sido más que negativo, ya que el PIB griego ha caído entre 25-30%, la deuda pública alcanzó 171% del PIB, el ingreso bruto de los hogares griegos bajó en promedio 25%, la tasa de desempleo incrementó 25% y la pobreza ha aumentado en más de 40 por ciento.

México ha tenido su propia experiencia, sexenio tras sexenio los presidentes entrantes emiten decretos de austeridad que han obligado a las dependencias a disminuir anualmente al menos 5% del gasto en servicios personales, congelado los ingresos del personal de confianza, y como resultado las estructuras administrativas de la APF —aunque no necesariamente de los órganos autónomos y otros poderes— se han disminuido fuertemente paralizando la atracción de talento, de mujeres, de jóvenes, y en general, de profesionales de alto nivel, por la precariedad de sueldos y las condiciones laborales.

Por lo mismo, mi teoría es que un plan de austeridad sin inteligencia puede afectar aún más la eficiencia del Estado, pues la práctica normal de un gobierno tan grande como el mexicano ha mantenido por décadas duplicidad de funciones, falta de un padrón único de beneficiarios, y multitud de programas presupuestarios de dudoso beneficio social. Así, antes de disminuir los sueldos, me parece más urgente diseñar un cuidadoso plan para identificar estos obstáculos y construir una serie de acciones administrativas y legislativas para superarlos.

Se tiene que implementar una nueva Ley de Mejora Regulatoria, de aplicación nacional, para eliminar los cientos de trámites y procedimientos que torturan al ciudadano; reformar las leyes de obras y contrataciones públicas para hacer más expeditos y transparentes estos procesos atendiendo las recomendaciones internacionales para evitar la colusión en procesos de licitación que aumentan los precios o disminuyen la calidad de los bienes adquiridos; implementar un sistema electrónico de compras y ventas públicas para los tres órdenes de gobierno que contenga un padrón único de proveedores; llevar a cabo un programa nacional de digitalización de todos los trámites administrativos para disminuir la presencia de funcionarios en ventanillas físicas; así como impulsar la concreción de la clave única de identidad, la firma electrónica obligatoria para todos los funcionarios y el expediente único en las oficinas de gobierno.

Con este tipo de medidas podríamos aspirar a un gobierno eficiente, transparente y al servicio de todos los mexicanos que dignifique el servicio público y lo fortalezca. Si lo que buscamos es tener una economía sin privilegios, dejemos de satanizar el servicio público, mejor incentivemos el buen desempeño, con mejores prestaciones y salarios a quienes lo merezcan. Sin duda se vienen grandes retos para los próximos años, el de hacer menos con más es uno de los prioritarios; estoy convencida de que sí se puede, con voluntad, con experiencia, pero sobre todo con inteligencia.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.