Tras la difusión del acuerdo que cerraron los mandatarios de la Unión Europea para implementar un nuevo pacto fiscal, un par de dudas me brincaron. Es cierto que la mayoría de los miembros de la unión firmaron para comprometerse a ajustar sus desequilibrios estructurales a un 0.5% del PIB, so pena de pagar una indemnización si no cumplen.

Pero me cuesta trabajo creer que los países que sobregiraron sus obligaciones públicas en más de 31 puntos del PIB durante los últimos tres años, serán capaces de estabilizar sus finanzas anualmente, aún con el compromiso en mano.

Simplemente, la baja actividad económica que están experimentando aquellos países, y la mínima capacidad que tienen los gobiernos para obtener mayores ingresos, me parece que limita sus posibilidades de bajar deuda y ajustar su déficit estructural al mismo tiempo.

¿Con qué ojos?

Ayer leía un blog de Xavier Sala I. Martin, catedrático de Columbia University y asesor del Foro Económico Mundial (WEF), donde explicaba porque una deuda menor al 100% del PIB es un riesgo importante para una economía como la de España, por ejemplo.

De acuerdo con él, una deuda del 70% del PIB, como la española, que se encuentra muy por debajo de las obligaciones públicas de Japón, del 200% del Producto o de Estados Unidos, que rondan ya el 100% del PIB, son señales de alerta. Según Sala I. Martin, el porcentaje del Producto implica la proporción de la riqueza anual que tendrían que destinar los países para pagar sus obligaciones públicas.

Esto bajo el supuesto que pudieran destinar sus ingresos íntegros al pago de sus obligaciones. El dilema que enfrentan los países de la Unión es, en pocas palabras, reducir su déficit y fortalecer la estabilidad presupuestaria a un ritmo pausado que no comprometa la credibilidad de los administradores y permita al mismo tiempo el crecimiento.

Y, disculpen la desconfianza, pero la experiencia griega me muestra que no son tareas fáciles, por muy buena voluntad que tengan.