Concluye un año que formó parte del ciclo transformador más trascendental para nuestro país de los últimos 30 años. Desde luego que aún hay reformas importantes que deben llevarse a cabo, nos engañaríamos si pensáramos que ya hicimos, desde el punto de vista legislativo y del diseño de políticas públicas, la parte más importante de la tarea.

Mientras en México subsistan condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, niveles de educación por debajo de otras naciones, acceso limitado a servicios de salud, ingresos per cápita por debajo del que gozan los habitantes de otros países o acceso limitado a servicios de electricidad o telecomunicaciones, en fin, mientras México no resuelva los problemas de pobreza que aquejan a millones de familias mexicanas, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de explorar nuevas soluciones, no podemos permitirnos el lujo de dejar de intentar ser creativos.

En ese esfuerzo constante deben estar los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.

Dentro de un ciclo transformador como el que ha vivido México en los últimos dos años, la parte de la instrumentación de los principios y medidas incorporadas, tanto en la Constitución como en las leyes, es igual de importante y crucial que la parte de la negociación y aprobación de dichas reformas en el ámbito legislativo.

Por ello, desde el Senado de la República hemos sido especialmente enfáticos en seguir de cerca la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, en su tarea de instrumentar esos nuevos principios y disposiciones contenidas en la constitución y en el nuevo marco legal vigente a partir de este año. Hemos sido particularmente críticos porque desde la óptica de diversos senadores, el IFT, más que demostrar una firme convicción por hacer bien las tareas que debe llevar a cabo, parecería que ha elegido la vía del esfuerzo mínimo, la que le exige menos rigor, menos creatividad, menos audacia, en síntesis, la que le exige menos compromiso con la sociedad, esa sociedad a la que hay que entregar resultados palpables, que se sostengan en el mediano y largo plazo.

Las decisiones del regulador en materia de portabilidad, de las ofertas públicas para el acceso a la infraestructura de los preponderantes, en materia de interconexión, la metodología para la construcción de los modelos de costos, las investigaciones en TODOS los mercados relevantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión para determinar la presencia de agentes con poder sustancial en CUALQUIERA de ellos o incluso las disposiciones relativas a la eliminación de la larga distancia nacional, han quedado por debajo de lo que podría haber hecho la nueva autoridad reguladora. Lo que se ha hecho en todos estos temas tiene un común denominador: no se ha puesto especial cuidado en eliminar esas condiciones que permiten al agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones ejercer tal poder de mercado que los consumidores mexicanos siguen pagando un elevando costo en bienestar.

Hago votos para que en el 2015, el IFT se sacuda esa actitud de administrar la competencia en nuestro país y se decida a ser la autoridad que fue concebida en la reforma constitucional. En el Congreso de la Unión seguiremos impulsando reformas para que en este tema y otros igual o más importantes México logre avanzar y deje atrás esos lugares nada honrosos en los comparativos internacionales. No podemos bajar la guardia.

Feliz 2015 para todos los apreciables lectores.

*El autor es senador de la República.