Luego de que el gobierno del presidente del cambio, Andrés Manuel López Obrador, logró con éxito conjurar temporalmente la amenaza del presidente Donald Trump, de imponer aranceles de 5% a las exportaciones mexicanas hacia los EU, el siguiente escollo es atender a las calificadoras que han advertido de manera recurrente, importantes debilidades en nuestra economía. Desafortunadamente, el gobierno ha tenido que entrar a lo urgente en lugar de tener oportunidad de proponer los cambios a profundidad a nuestro modelo económico. En efecto, la forma tan torcida en el que en México se pretendió aplicar medidas económicas de libre mercado provocó imperdonables niveles de corrupción, la rapiña por el gasto público y la insana concentración de riqueza básicamente producto de la ilegalidad y los oligopolios. En lugar de romper con estos vicios, se ha atendido la urgencia del desabasto de gasolinas, la falta de certidumbre producto de la cancelación del aeropuerto, la cancelación de las licitaciones energéticas y, últimamente, la amenaza arancelaria.

A pesar de su relativa fortaleza, las calificadoras atinan en argumentar que, la economía mexicana claramente tiene fuertes debilidades estructurales. La más importante pero no la única es, sin duda, la corrupción que ha permeado todos los niveles de la relación gobierno–empresa privada, sobre todo aquellas ligadas a la licitación, concesión o autorización pública. La industria entorno a la venta de productos al gobierno y obra pública se moviliza año con año para vender luminarias, tags de carreteras, cobijas, computadoras y colchones, considerando siempre un mayor precio para pagar sobornos y una utilidad desmedida. La corrupción llegó a tales niveles que difícilmente vemos a algún miembro de la clase política que no ostente importantes riquezas así; la ciudadanía nota pasmada que no existen exgobernadores, exalcaldes, exsenadores y exdiputados que no sean millonarios. El sistema nacional anticorrupción se encuentra detenido. Es evidente que la clase política mexicana le había importado poco el atender el problema de la corrupción sino hasta ahora con la llegada de Morena al poder.

El combate a la corrupción es una de las principales apuestas del presidente López Obrador no sólo para fortalecer a la economía, sino para revalorar moralmente la función pública y el ejercicio de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para atender las principales preocupaciones de las calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s quienes señalan que la falta de certidumbre y Estado de Derecho, así como la debilidad fiscal del gobierno ponen en riesgo la calificación crediticia de México. En caso de materializarse la pérdida de grado de inversión saldrían del país alrededor de 80,000 millones de dólares de portafolios impedidos a continuar en México por normatividad. Esta situación puede evitarse. Es necesario establecer un mecanismo de comunicación diaria y permanente con las calificadoras para explicarles los alcances de las medidas económicas y el rumbo que se pretende tomar. No hay duda de que el freno a la corrupción es una gran apuesta para el largo plazo que debe ser tomada en cuenta, no obstante, es urgente comenzar con otros temas igualmente determinantes.

El freno a la economía informal como la aplicación de contribuciones a las plataformas digitales de reparto de comida es un paso correcto que debe extenderse a otras actividades para bajar los niveles del no pago de impuestos. Así, 60% de las personas que tienen una actividad comercial no pagan impuestos. De poco servirá seguir cargándole la responsabilidad fiscal a los mismos contribuyentes cautivos de siempre pues el sistema tributario como se encuentra actualmente no da para más sino se amplía el número de personas que paguen impuestos. La disciplina fiscal desplegada hasta el momento por nuestro gobierno ya no está siendo suficiente para detener la degradación de la calificación de México. Se requieren más medidas, entre ellas, el diálogo constante con las calificadoras y sin descalificarlas.

El movernos a ampliar la base tributaria incorporando a la economía informal a la formalidad, permitir que Pemex reciba ayuda financiera a través de nuevos inversionistas y empresarios dedicados de siempre específicamente al negocio de hidrocarburos y no como actividad de sexenio, así como estimular la certeza jurídica y económica en el país, serán temas que deben necesariamente complementar el combate a la corrupción y a la disciplina fiscal como política económica para comenzar a construir mayor confianza de las calificadoras y otros agentes económicos. Los cambios que esta administración realiza al paradigma económico que venía rigiendo a la vida pública de nuestro país son trascendentes; empero, deben saberse explicar claramente de lo contrario el colapso financiero provocado por la potencial pérdida del grado de inversión será muy cuantioso.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas